No hubo nada. La estrategia de defensa del empresario Rafael Gómez, conocido como Sandokán, ante la inminente vista oral del caso Malaya, el macrojuicio por corrupción urbanística en el municipio de Marbella, será que no hubo pagos ilegales que sustenten la acusación realizada en el auto de procesamiento y calificada por el fiscal como un presunto delito de cohecho para el que pide 18 meses de prisión para el empresario. El informe de defensa de su abogado sostiene que los hechos por los que se le va a juzgar son rotundamente falsos y que no se ha podido demostrar ningún elemento que impliquen un ilícito penal. Evidentemente, se reclama la libre absolución de Rafael Gómez.

El representante legal del empresario, que aseguró en la fase de resolución de los recursos de nulidad que su cliente había sido víctima de una estafa de Juan Antonio Roca, reclama -como lo hace el letrado del segundo empresario cordobés que se va a juzgar, José María Enríquez- que se anule el informe policial de la Udyco que analiza la caja B de Roca, incautada en el registro de su sociedad Maras Asesores, y que es la clave para la detención, imputación y procesamiento de Gómez.

Ese informe resulta fundamental porque es el que vincula al propietario de Arenal 2000 con los pagos ilegales por medio de la traducción de la inscripción Skm como Sandokán, el apodo con el que es conocido. El informe policial, el auto de procesamiento y la calificación provisional del fiscal consideran que existe base suficiente como para creer que Gómez pagó 600.500 euros bajo cuerda para que se los repartieran entre Roca y el equipo de gobierno de Marbella.

La defensa de Gómez admite los hechos institucionalmente reconocidos. Esto es, que era propietario de una finca en el edificio Mare Nostrum de Marbella, que la obra de accesos al paseo marítimo se realizó (sin licencia), que se le abrió expediente sancionador, que llegó a un acuerdo con la comunidad de propietarios y que el Ayuntamiento marbellí cobró 601.012 euros en concepto de un convenio urbanístico para que la situación se legalizara. La estrategia de defensa del empresario es que, a partir de ahí, todo lo contenido en el sumario es una fábula.

"Resulta totalmente absurdo", dice el abogado de Gómez, quien plantea que no parece lógico que se pagaran 1,2 millones por una obra que, en realidad, era sustituir un muro por un acristalamiento. Se pregunta también por qué no está procesado el instructor del expediente sancionador, un funcionario municipal, al haber retrasado los expedientes sancionadores por haberlos congelado, que sería el motivo del pago a Juan Antonio Roca. Entiende el defensor de Gómez que el funcionario tendría que haber sido acusado como cooperador necesario del cohecho.

Por su parte, el otro empresario imputado, José María Enríquez, a quien el fiscal le reclama una pena de ocho años por sendos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, explica en su prolijo escrito de defensa -apoyado por una amplísima documentación- que nunca pagó a Juan Antonio Roca cantidad alguna -285.000, según el fiscal- en la cuenta que tenía para su lucro personal y para el pago de los políticos supuestamente corruptos. Dice la defensa de Enríquez que no tenía que pagar porque la licencia se concedió por silencio administrativo, y relata una serie de decisiones administrativas y judiciales relativas a la promoción Casablanca Beach en San Pedro de Alcántara.

Más compleja es la acusación que realiza tanto el fiscal como dos acusaciones particulares (la Junta y el Ayuntamiento de Marbella), que entienden que se produjo un supuesto delito de blanqueo de capitales. Su sociedad Los Jardines adquirió una parcela que, a su vez, el Consistorio marbellí había entregado al constructor Tomás Olivo y éste a Roca, por medio de una sociedad instrumental. Fue esta empresa quien vendió a Enríquez, según el fiscal, con la intención de repartirse los beneficios de la promoción.

Enríquez presenta la adquisición del solar a la empresa vendedora del solar, FNG Inversiones, como una operación absolutamente normal donde se pagaron las cantidades pactadas y asegura que no existe acuerdo de reparto de beneficios por edificabilidad. El fiscal entiende, además, que existía una opción de compra con Roca para la adquisición de los suelos valorados con unas plusvalías cercanas al 500% del coste original de la parcela. Dicha opción de compra, dice el fiscal, no se ejecutó pero el mismo día de su vencimiento Urbanismo autorizó la construcción de 20 viviendas más. Enríquez niega que tuviera relación alguna con Roca en ese negocio y afirma que siempre negoció con un tercero, que en el sumario aparece como testaferro del ex gerente de Urbanismo.

Algunos medios han asegurado que la vista oral del caso Malaya, dado el número tan relevante de acusados, testigos y documentos, puede durar cerca de un año. Así, los procesados sólo tendrán que asistir cuando se hable de lo que les compete. Empieza este mes.