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Andalucía

Críticas al plan del Consistorio de Málaga para prohibir el sexo en la calle

  • Una asociación de juristas ve "déficits democráticos" en la nueva ordenanza municipal

La asociación andaluza de abogados y juristas Grupo 17 de Marzo declaró ayer que el Ayuntamiento de Málaga carece de competencias para regular la prostitución, después de que el pleno municipal acordase el jueves establecer multas para las prostitutas a menos de 200 metros de centros educativos y viviendas.

En un comunicado firmado por su abogado, Luis de los Santos, el colectivo expresó que el Consistorio no puede regular ni prohibir actividades como la prostitución y "mucho menos las prácticas sexuales" siempre que no supongan un "ilícito penal".

Las sanciones económicas fijadas por el Ayuntamiento malagueño, que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, abarcan desde el ofrecimiento y la solicitud, a la negociación y aceptación de servicios sexuales retribuidos, siempre que estas actividades se desarrollen en espacios públicos, y se destinarán a ayuda social.

Respecto al resto de la ordenanza de convivencia ciudadana en la que se recogen las citadas multas, la asociación de abogados "lamentó" además que "no se hayan tenido en cuenta" las alegaciones que hizo en su día para su retirada al considerar que han existido "importantes déficits democráticos" en su elaboración.

"La base de cualquier normativa municipal debe ser el derecho a la participación en su elaboración y actualmente nos consta que hay un movimiento ciudadano de oposición", manifestó en el escrito el colectivo, para quien la norma puede "vulnerar los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión".

Asimismo, los abogados y juristas andaluces consideraron que con la ordenanza "se criminaliza" a los artistas de calle y a los colectivos más débiles de la ciudad, como mendigos, gente sin hogar e inmigrantes. "La ordenanza excede de las competencias municipales y no está amparada en ninguna Ley estatal o autonómica", expresó en el comunicado De los Santos, quien afirmó que la normativa "puede desencadenar situaciones de crispación, conflictividad e incluso de alarma social.

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