Apenas una semana, si descontamos estas vacaciones escolares de Semana Santa, le quedan a los institutos de Educación Secundaria (IES) andaluces para acogerse al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares y los resultados de esta iniciativa de la Consejería de Educación no pueden ser más pobres, según algunos sindicatos, en una de las primeras medidas adoptadas para desarrollar la nueva Ley de Educación de Andalucía (LEA), aprobada en el Parlamento el pasado noviembre.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia), que se opone a la medida, cifra que sólo un 3% de los 893 IES andaluces, sólo 29 centros, se han acogido a este incentivo que incluye una paga de 7.000 euros a abonar en cuatro años a los profesores que cumplan una serie de objetivos, fundamentalmente, aumentar el número de aprobados y reducir la tasa de absentismo y fracaso escolar. Mientras, el número de rechazos suma ya 457; es decir, el 51% de los centros de Secundaria y Bachillerato de la comunidad. Otros sindicatos, como UGT, consideran inflada la cifra de los noes, aunque reconocen que la propuesta no ha sido bien recibida por el profesorado.

Ante esta situación, la Consejería guarda silencio. Sólo ha adoptado una medida: priorizar a los centros que digan sí a su programa a la hora de destinar los 3.269 profesores que se incorporarán el próximo curso.

Adoptar nuevas reglas de juego cuando se tiene que tomar la decisión de acogerse al Programa de Calidad ya ha tenido una respuesta de sus opositores, que consideran que se trata de un nuevo chantaje de la administración educativa.

La razón de la negativa masiva a acogerse al Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, según Juan Carlos Hidalgo, de la Federación de Enseñanza de UGT, ha sido la "precipitación" de la Consejería a la hora de ponerla en marcha. "Ante los problemas del sistema educativo, con un índice de fracaso escolar tan alto, poner en marcha una sola medida no resuelve nada", sentencia el sindicalista para el que existe una "desconfianza" del profesor ante una administración, ya "que siempre le ha hecho responsable de los pobres resultados en las aulas".

"Se está aplicando a la educación principios de una manufactura de tornillos, nosotros no fabricamos aprobados, sino que formamos a seres humanos", defiende el profesor Gonzalo Guijarro, representante de Apia. Esta formación, junto a los sindicatos CGT, Sadi y Ustea, apoya el no. "Se trata de un sistema que ya se aplica en la educación universitaria y en otras comunidades. Creemos que es una forma de reconocer el esfuerzo de los profesores que se vuelcan en su trabajo más allá del horario lectivo. Todos los educadores, se acojan o no a la orden, van a seguir trabajando como hasta ahora por conseguir los mejores resultados", entiende Hidalgo. Éste recurre a un símil deportivo: "Los futbolistas tienen la obligación de ganar todos los partidos, pero también tienen primas en los encuentros claves".

El principal motivo del rechazo, sostienen los profesores agrupados en Apia, es que la Junta intenta "mejorar la imagen" de la educación andaluza "sobornando al profesorado para duplicar el número de promocionados y titulados". Estos denuncian lo que entienden un "enfoque mercenario de la educación" con el que la Consejería "da a entender que son los profesores los responsables del fracaso educativo".

Frente a esto, los educadores reclaman reducir el número de alumnos por aula, favorecer la autoridad del profesor o "acabar con la concepción de la enseñanza como un remedo de guardería y recreo asistido".

Aunque los sindicatos favorables al no son minoritarios en las mesas de negociación, sí han conseguido ahora que su postura sea la más secundada. "UGT, CCOO, ANPE y CSIF firmamos con la Junta el Acuerdo para la Mejora de las Condiciones Laborales y el Funcionamiento de los Centros que no sólo incluía esta orden de incentivos. La Consejería también debería haber iniciado las medidas para bajar la ratio y dotar de suficientes profesores para el desdoble en Lengua, Matemáticas e idiomas", contesta Hidalgo. CSIF, sin embargo, no apoya ahora el complemento retributivo.

Para Guijarro, el sistema no consigue más que "desautorizar" al profesor delante de sus alumnos. "Perfectamente nos pueden decir: o nos apruebas o no cobras", responde.

Fuentes de la Consejería consultadas por este periódico rehusaron pronunciarse sobre el nivel de aceptación de la medida ya que el plazo de solicitud continúa abierto hasta el 31 de marzo, fecha a partir de la cual harán el pertinente balance. La Consejería ya garantizó que este curso pagaría el primer incentivo, de 600 euros, a pesar del retraso en la apertura del plazo de inscripción.