En principio, y salvo sorpresa, los cambios pactados con CCOO y UGT en el marco de la concertación serán los únicos que se introduzcan en el polémico decreto ley 5/2010 sobre la reordenación del sector público andaluz, que ha levantado la airada protesta de los empleados públicos. Se abre la puerta al diálogo en la convocatoria mañana por la tarde de la Mesa General de la Función Pública, en la que están representados UGT, CCOO y CSI-CSIF, pero según se desprendió ayer de las palabras de la consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, el texto original "ya se ha modificado en virtud de los acuerdos alcanzados con UGT y CCOO" y sólo queda la ratificación para la posterior publicación del texto corregido en el BOJA.

Los cambios acordados con los sindicatos mayoritarios se introducirán en principio vía enmienda a los Presupuestos, según precisó Moreno, a pesar de que no convencen a otros sindicatos y personal de la Función Pública, como se comprobó el pasado sábado en la masiva manifestación que recorrió las calles de Sevilla y que la organización cifró en 50.000 asistentes.

Fuentes de CSI-CSIF aseguraron ayer a Europa Press que acudirán a la convocatoria con la "irrevocable" decisión de pedir la derogación del decreto. No hubo pronunciamiento de Moreno sobre la celebración de una mesa sectorial de empleados públicos, donde CSI-CSIF, el Sindicato de Funcionarios y Ustea tienen la representación mayoritaria en los empleados de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Casi una decena de preguntas atendió la consejera tras el anuncio de la convocatoria de la Mesa General en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, entre las que descartó que la reunión obedezca a un reconocimiento de la premura con la que se dictó el decreto ley. Moreno expuso que "forma parte de la total normalidad para abordar un decreto de estas características para su desarrollo y su aplicación" .

La consejera eludió si puede haber un aplazamiento de la aplicación del decreto, por el que las nuevas agencias administrativas comenzarán su funcionamiento el 1 de enero. "No voy a suplantar a quienes están representados en la Mesa", expuso.

La consejera avaló las "garantías" que introduce el acuerdo con UGT y CCOO, volvió a negar su derogación y se mostró segura de que es un "paso adelante en la modernización de la administración pública". En su opinión, "el mejor antídoto contra la privatización de los servicios públicos es su correcto funcionamiento, su eficacia y su eficiencia".