La Junta puso este jueves punto y final al conflicto con los funcionarios al cerrar con CCOO y UGT algunos flecos técnicos del acuerdo que alcanzaron a finales octubre para la modificación del decreto-ley de reordenación del sector público. Aunque continúen las protestas orquestadas por CSIF, que optó por abandonar la negociación, y de otras organizaciones sindicales y plataformas de funcionarios, el decreto seguirá en vigor con estas modificaciones pactadas con "contundencia" y "a rajatabla". El documento con el nuevo contenido pactado se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y la corrección de este decreto se canalizará vía enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos de 2011, cuyo plazo expira este lunes -la ley de Presupuestos se aprobará en el último pleno del Parlamento del 22 de diciembre-.

El decreto, por tanto, no contará ya con ninguna aportación de CSIF, uno de los sindicatos con mayor peso en la Junta -en la mesa sectorial de la Administración general es mayoritario, aunque no de la Mesa General de Función Pública, que es donde se abordó la negociación y donde la suma CCOO y UGT llega al 75%-. Los representantes de este sindicato acudieron a la cita en Torretriana, sede de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con nula voluntad de diálogo. Sus puntos de partida eran que el debate se producía en un foro "no legítimo" y que la derogación de la norma era una opción que en ningún momento ha entrado ni por asomo en los planes del Ejecutivo autonómico, por lo que apenas transcurrida una hora, abandonaron la sala de reuniones donde minutos antes se habían limitado a leer un manifiesto. Como explicó el secretario de Acción Sindical de CSIF, Rafael Gavilán, se trataba de un compendio de las reivindicaciones que les han llevado a movilizar a miles de funcionarios andaluces en el último mes y con un único objetivo: la retirada de un decreto con el que creen que se abre las puertas a la privatización y a los entre 20.000 y 25.000 "enchufados" que consideran que son el personal laboral de las empresas públicas. A pesar de que la Junta ya ha dejado claro que no va a dar marcha atrás, CSIF está dispuesta a seguir con las protestas, teniendo ya prevista, aunque con fecha aún por determinar, una cadena humana alrededor del palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

La actitud de esta organización sindical no fue comprendida por los demás interlocutores, en especial por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, que consideró que la postura de este sindicato que "en un principio parecía serio, no fue razonable" y lamentó que "no haya dado ninguna oportunidad de negociar". Martínez Aguayo no lo entendió porque, a su juicio, todos los "problemas y dudas" de CSIF estaban resueltos, como "la garantía de que ninguna persona pueda ser funcionario sin pasar por las correspondientes oposiciones y la garantía de que no se privatiza y de los derechos adquiridos".

Tampoco alcanzó a ver su insistencia en la amenaza de más movilizaciones. Martínez Aguayo confió en que esos funcionarios que están en la calle protestando, una vez vean el acuerdo blanco sobre negro, comprueben que están siendo objeto de una "gran manipulación". Una estrategia que situó no sólo en el ámbito sindical, sino también político, ya que apuntó "a que detrás de esto lo que hay es un ataque a lo público y a los empleados públicos para desprestigiarlos y facilitar su disminución y privatización, porque así se está acometiendo este tipo de reordenación en territorios diferentes a Andalucía".

Salvo este importante tropiezo con CSIF, tanto Martínez Aguayo como el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, Felipe Falcó, y el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, mostraron su satisfacción por haber cerrado, no sin dificultades y tensiones, la "hoja de ruta" que sellaran el 29 de octubre, avanzando en aspectos técnicos como elementos de carrera y de derechos adquiridos de los funcionarios que no estaban recogidos, entrando en detalles sobre cada uno de los colectivos y de las agencias. De esta forma, todos los estatutos se incorporarán a lo acordado "con contundencia y a rajatabla", dijo Martínez Aguayo, aunque se ha establecido una especia de moratoria para los protocolos de integración en los nuevos organismos tras la reordenación -el 31 de diciembre deben estar listos los estatutos y los protocolos de integración en los primeros meses de 2011-.

Los representantes de CCOO y UGT, que lamentaron "la contaminación y la desinformación" de la que están siendo víctimas muchos funcionarios, aseguraron que hasta que no esté el acuerdo todo publicado y aprobado no retirarán los recursos judiciales que tienen interpuestos contra el decreto.