¿Qué es un empleado público?

El PP acusa a la Junta de preferir una administración "paralela más agradable" a sus intereses "sin objetividad, imparcialidad ni independencia" y el PSOE insiste en que es la derecha la que quiere privatizar

M. B. / SEVILLA | Actualizado 01.12.2010 - 05:04
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Isidoro Ocaña (CSIF), Carolina González (PP), José Caballos (PSOE) y Javier Prieto (Grupo Joly).

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El PSOE y el PP volvieron a verse las caras ayer sobre el tablero de la Función Pública, zarandeado por el decreto de reordenación del sector. Lo hicieron invitados por el sindicato CSIF -enfrentado al Gobierno que preside José Antonio Griñán por culpa de ese texto- en un foro de debate organizado conjuntamente con el Grupo Joly: Empleo público y calidad de los servicios al ciudadano. La figura del empleado público, qué es, quién debe ser considerado como tal y quién no y por qué, cuál es su función y cómo se está diseñando su futuro, coronó las versiones antagónicas de los dos principales grupos parlamentarios, representados por José Caballos (PSOE) y Carolina González (PP).

Precisamente en la condición de empleado público centró su intervención el presidente provincial del CSIF, Isidoro Ocaña, que presentó el debate. Habló Ocaña de la "campaña de prestigio" de la figura del empleado público emprendida por su sindicato, del "orgullo" de serlo y del esfuerzo con que se llega a desempeñar esa función. "El verdadero empleado público quiere ofrecer un servicio de calidad, pero no dispone de los medios necesarios", denunció Ocaña, porque "todo se lleva a una administración paralela".

Este concepto fue amplificado por la portavoz de Medio Ambiente y Agua del PP, que acusó al Ejecutivo autonómico de preferir una "administración paralela agradable" a sus intereses, carente de objetividad, imparcialidad e independencia". Eso explicaría, en opinión de González, la naturaleza del "decretazo", que vendría a blindar el sistema de "recolocaciones" que fomenta la Junta al cesar a altos cargos políticos y "recolocarlos" en puestos directivos de esa administración paralela. "No dudo que haya en ella buenos profesionales, pero no son empleados públicos, y muchos de ellos no lo son y están obligados a trabajar así porque la Junta no convocó ofertas para la Función Pública en tiempo y forma".

El portavoz de Hacienda y Administración Pública del Grupo Socialista quiso romper una lanza en favor de esos trabajadores y se preguntó -y preguntó al auditorio y a su contrincante- "¿qué es un empleado público?", rechanzado que no lo sean quienes, sea cual sea su puesto, "desempeñan un trabajo" para el sector público. Ésta es una de las brechas, por no decir la principal, que separa al partido que gobierna y al primero de la oposición. Caballos sospecha que con esa acusación de "enchufados" con la que se "demoniza" a estos empleados, el PP "prepara el terreno para despedirlos" si Javier Arenas se instala en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta. El dirigente socialista hizo hincapié en garantizar que ningún puesto de trabajo corre peligro con la reordenación del sector público que persigue la Junta.

Caballos, que recordó que hay comunidades autónomas gobernadas por el PP con "servicios básicos privatizados", sí admitió el error del Ejecutivo de Griñán en la forma del decreto, que no del fondo, y apeló a esta nueva fase abierta de "diálogo y negociación con los grupos parlamentarios y los sindicatos, pero jamás con ninguna plataforma". De lo que se trata con la medida gubernamental es de "rebajar el exceso de grasa" en la Administración y cambiarla por "más músculo".

La parlamentaria del PP le recordó que han sido los socialistas quienes durante los últimos treinta años "han engordado" todo el organigrama de la Junta duplicando funciones, creando altos cargos de designación directa y alimentando esa administración paralela. González enfatizó que es "imposible" hacer que el gigante adelgace para aplicar un plan de ajuste sin -como insisten el Gobierno y el PSOE- despedir a nadie, "y menos aún cuando lo que se persigue es la incorporación" de todos los trabajadores de empresas públicas y fundaciones al cuerpo de la Administración. La diputada del PP también acusó al Ejecutivo de ocultar las verdaderas condiciones de los actuales funcionarios y el personal laboral en el futuro, toda vez que sean trasladados a agencias con cuya creación se comete "una clara huida, ilegal, del Derecho Administrativo". Ésta es una de las bases del recurso de su partido contra el decreto en el Tribunal Constitucional.

El dirigente socialista subrayó la "racionalización" de la iniciativa emprendida desde el Gobierno y admitió que "no hay dinero para seguir incrementando" las plantillas del sector público. "Son medidas de austeridad. Desgraciadamente es así, pero es irremediable. Hay que aplicarlas. Y en otras comunidades, más tarde o más temprano, también tendrán que hacerlo". Y ese es, insistió Caballos, el "leitmotiv" de la reestructuración del sector, "aunque el PP siempre nos criticará desde la demagogia y el populismo; antes nos acusaba de gigantismo, y ahora que queremos adelgazar la Administración, racionalizándola, también nos censura".

González recordó al diputado del PSOE que su partido huye del debate cuando el "decretazo es única y exclusivamente responsabilidad vuestra" y proclamó que "la Administración Pública tiene que estar liderada por los funcionarios y no por los políticos".
11 comentarios
  • 11 Fran 01.12.2010, 20:39

    20000 enchufados?? Son los directivos de estas empresas los enchufados, y si alguien piensa que se van a ir al paro está equivocado. Los que pierden son el resto de empleados, que a mi parecer sí trabajan para el ciudadano y me atrevo a decir con más actitud y aptitud para el puesto que desempeñan que muchos funcionarios. Desde luego que es más rentable para la Junta este tipo de empleado que el funcionario, sin lugar a dudas: bajas, desayunos maratonianos, sueldos, impunidad. . .

  • 10 RODRIGO 01.12.2010, 18:17

    Sr Griñan si valora en algo su cabeza, haga dimitir a la Consejera Aguayo. Su falta de respeto a los funcionarios de carrera, a la Constitucion española y al Estado de Derecho: mediante un decreto ley de urgencia pretende acabar con la Ley de la Administracion Publica de Andalucia y colarnos un hibrido de agencias que desmantelan los centros directivos de la Administracion, la llevaran a los Tribunales. Que dimita YA

  • 9 Que debate 01.12.2010, 18:09

    No es de extrañar que este político, maestro de formación, no entienda que es un empleado público. Por eso externalizan los servicios públicos, entre otras cosas. Publicidad, igualdad, capacidad mérito. Le suenan estos principios de nuestra Constitución, para acceder a la función pública

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