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Andalucía

La juez duda de la investigación de la Junta sobre los ERE irregulares

  • Alaya da un ultimátum de 48 horas para que le expliquen por qué no actuó intervención.

La juez que investiga las falsas prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha emitido dos contundentes autos en los que, entre otras cuestiones, critica la "falta de colaboración" de la Junta, a la que acusa de entregarle una información "a todas luces incompleta e insuficiente"; cuestiona la veracidad de la información aportada en cuanto al número de intrusos y la acusa de "pasividad" tras detectar la Intervención General un menoscabo de los fondos públicos. 

La juez, en un auto fechado el lunes, da un ultimátum de 48 horas para que se le entregue toda la documentación requerida.

La exigencia de la juez coincidió ayer con la última entrega de la investigación interna emprendida por la Consejería de Empleo, a la que restaba por analizar un 5% del total. Según los datos aportados por el consejero Manuel Recio, primero publicados en su página personal en Facebook y una media hora más tarde a los periodistas, son finalmente 72 los intrusos -personas que han cobrado pólizas sin haber trabajado nunca en las empresa afectadas- y 111 las "discordancias administrativas", sobre las que se sospecha puede haber alguna irregularidad y que también serán remitidas al juzgado para que determine. Recio resaltó que de los 5.982 expedientes analizados, la cifra de afectados es de un 1,2% y un 1,86% de los sospechosos. 

El consejero utilizó estos porcentajes para concluir que, de 647 millones con los que contó para financiar ERE y empresas en crisis de 2001 a 2008, la cuantía defraudada es de 9 millones de euros (1,39%). De los 68 ERE estudiados, se han encontrado intrusos en 24 y "discordancias" en 18, sin que Recio aclarase si en alguna empresa se detectaron ambas situaciones. Las empresas que se suman a la lista son Industrias Guadalquivir (1), Faja Pirítica (5), Muebles de Madera Promi (3) y Promiforja (5). De la relación facilitada ayer por la Junta, hay uno más en Bonpunt (11) y un ajuste de lo conocido hace doce días, ya que desaparecen las empresas Cydeplast y Graficromo. Con estos datos Empleo dio por finalizada su actuación, sin intención aparente de que vaya a analizar ahora los ERE "muertos" o extintos porque, aseguran, habría dificultades legales para reclamar este dinero. 

Sólo minutos después de que Recio destacase la "absoluta colaboración con la Justicia", al igual que durante semanas han esgrimido los responsables de la Junta, se conocía que la juez derrumba esta proclama y pone en cuestión las conclusiones de esta investigación en dos autos a los que tuvo acceso esta redacción.

En un primer auto emitido el día 11, la juez detecta más "intrusos" que los anotados por la Junta en algunos ERE y le pide explicaciones por esta disparidad. La juez solicita a la Administración autonómica que explique por qué en Saldauto se señala a tres intrusos cuando los indicios apuntan a ocho o por qué en Surcolor se señala a dos falsos trabajadores, "cuando en realidad, una vez comprobada la lista de trabajadores afectados por el expediente, aparece que son once". En el caso de Hitemasa, la juez dice que la Junta sólo reconoce a uno, aunque son cinco, entre ellos el conseguidor Juan Lanzas. Sin embargo esta disparidad puede deberse a las distintas fases de la investigación, ya que la Junta ya reconoció a cinco intrusos en esta empresa el mismo día del auto. 

El día antes, Empleo cifró en 59 los intrusos. En este auto, la juez anota que sólo había recibido la documentación unida a la denuncia, es decir, la primera fase de la investigación. En este escrito la juez requiere el organigrama desde 1999 de las consejerías de Hacienda, Innovación y Presidencia, así como del IFA y su sustituta, Idea. En último lugar, acuerda un único proceso para Mercasevilla y los demás ERE, aunque acuerda formar piezas separadas por cada una de las empresas en las que se han encontrado irregularidades.

A éste se le sumó otro auto igual de duro. Con fecha del lunes, la juez critica "cierta falta de colaboración" porque aún no le han llegado documentos que ha requerido y da un plazo máximo de 48 horas para que se le remitan un centenar de documentos, entre ellos los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), programas de actuación, auditorías, cuentas anuales y copia compulsada de los consejos de dirección de Empleo, Innovación, Presidencia y de los Consejos de Gobierno.

Para que no falte de nada, la juez interroga sobre la actuación de la Intervención General de Hacienda y pregunta por qué no emitió informes de actuación tras alertar año tras año (en 2005, 2006 y 2007) de que la fórmula de transferencia de financiación utilizada se saltaba el procedimiento administrativo previsto en la ley, sobre todo, cuando esto "podía ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos". El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, se ha apoyado en que nunca se hizo este informe de actuación para justificar que él nunca conoció esta advertencia cuando fue consejero de Economía y Hacienda.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, consideró ayer "absolutamente normal" que la juez demande información adicional y negó que haya "errores" con los datos. El presidente del PP-A, Javier Arenas, dijo que la jueza ha confirmado la "trama".

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