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Andalucía

La juez Alaya censura a la Junta por remitirle "folios desordenados"

  • La magistrada que investiga las irregularidades en los ERE requiere a la Consejería de Empleo para que remita en cinco días una copia "compulsada" de los expedientes o informe sobre por qué no están completos.

La información que la Consejería de Empleo ha enviado al juzgado sobre los expedientes relativos a los ERE y ayudas de 67 empresas es un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos" que está dificultando la investigación judicial. De esta forma describe la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el estado en el que la Junta le ha enviado la documentación relativa a estos expedientes, lo que ha llevado a la magistrada a requerir a la Administración andaluza para que en el plazo de cinco días remita una copia compulsada de los expedientes o ponga de manifiesto por qué la información le ha sido remitida en ese estado.

La juez Alaya censura en la resolución a la Consejería de Empleo porque entiende que las condiciones en la que ha sido enviada al juzgado dicha documentación es cuando menos "inaudita". Además de "incompleta", la juez reprocha que los documentos carecen del "menor orden lógico o cronológico", y concluye que la forma en la que se han remitido los expedientes es "impropia" de cualquier órgano de la Administración. La juez recuerda que en estos organismos debe existir "siempre un iter en la tramitación de cualquier asunto", algo que, añade Mercedes Alaya, debe ser "más esperable en expedientes donde se otorgaban en concepto de ayudas cifras millonarias".

Las criticas de la instructora devienen de las dificultades a la hora de estudiar la documentación, algo que resulta "enormemente complejo", de ahí que la juez haya requerido a Empleo para que remita la "copia compulsada de los expedientes auténticos debidamente ordenados y tramitados".

En el auto de la juez de Instrucción 6 de Sevilla, que tiene fecha del pasado 17 de mayo, la magistrada también ha requerido a la Policía Judicial para que practique nuevas diligencias, algunas de ellas relacionadas con la empresa González Byass, donde trabajó el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que fue incluido en un ERE de esta empresa. La juez ha pedido que se investigue el cargo que ocupó el ex consejero en González Byass; que se recabe la filiación del personal directivo que había en 1981, cuando Antonio Fernández pidió su excedencia; y que se determine si hubo una solicitud de excedencia de su cargo como profesor en la Universidad de Cádiz y si también pidió excendencia forzosa en 1982 cuando pasó a ocupar el cargo de concejal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. La juez ha solicitado igualmente que se informe de los criterios para determinar la indemnización por prejubilación de Fernández.

De otro lado, la instructora ha solicitado a la Policía que investigue el entorno del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, imputado como presunto "conseguidor" de los ERE, después de que su esposa, su cuñada y otras personas de su circulo de amistades hayan aparecido como beneficiarios en algunos de los ERE investigados.

La magistrada también quiere saber qué ocurrió con el segundo ERE de Dhul, una vez que ha conocido por la documentación remitida que el consejero de Empleo denegó esa segunda fase porque en la Consejería "no se desarrollaban políticas de incentivos de prejubilaciones". Pero a pesar de este reparo, el ERE siguió adelante.

Por último, la juez pide nuevos datos sobre otros cuatro intrusos detectados en la empresa Matadero de Fuente Obejuna, dos de las cuales residían en Úbeda (Jaén).

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