Un pequeño ajuste en el organigrama del hipotético gobierno andaluz del PP. Según anticipó ayer Javier Arenas tras mantener una reunión con los responsables del sindicato de funcionarios CSIF, habrá un departamento dedicado en exclusiva a la Función Pública.

Arenas reconoció que, al estar limitado su compromiso a diez consejerías, tenía que mirar cómo recomponer la estructura de su Ejecutivo. El plan del PP no hacía antes referencia específica a la función pública. Podía estar en la denominada Presidencia, Administración Local y Justicia, que asumiría las competencias de Gobernación o en Economía, Hacienda y Comercio, dos de las consejerías anunciadas por Arenas. Las otras asumen Educación, Juventud y Deporte; Vivienda y Ordenación del Territorio; Aguas, Medio Ambiente e Infraestructuras; Igualdad de Oportunidades, Empleo e Inmigración; Salud y Bienestar Social; Innovación, Empresa y Universidad; Cultura y Turismo y Agricultura, Pesca y Ganadería.

Arenas tendrá que recomponer la propuesta. La idea del presidente del PP-A pasa por reducir consejerías, y aumentar las secretarías generales, con tres o cuatro para cada consejería.

El gesto con el colectivo de funcionarios se completó con la reiteración de que un gobierno del PP derogará la ley del sector público que les sublevó. Añadió Arenas que se estudiará además la impugnación del decreto de unidad de gestión clínica si se confirma el borrador actual que supone para el PP "un paso más hacia la politización de la administración".

El presidente de CSIF-A, Rafael Hurtado, preguntado por los periodistas, consideró los resultados del 22-M no estuvieron influenciados por las protestas del sector público, sino "al deseo de cambio que existe en la ciudadanía andaluza", cambio que desde CSIF "deseábamos que se produjera", añadió.