El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y alcaldes de 32 municipios han suscrito un convenio de colaboración por el que la Corporación provincial les entrega 16 dispositivos de detección de drogas en conductores para la utilización por parte de la Policía Local de dicho instrumento para la realización de los controles.

A este acto protocolario también asistió el Fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, quien informó de los aspectos técnicos de estos equipos, así como de la necesidad de estos aparatos de los que, por imperativo legal, han de hacerse los ayuntamientos. Hasta el momento, sólo los municipios de Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Écija y Sevilla cuentan con estos aparatos y la intención de la Diputación, como ha manifestado su presidente, Rodríguez Villalobos "es que todos los consistorios dispongan de esta herramienta para garantizar una mejor seguridad vial y ciudadana en general". Los consistorios que han suscrito el convenio son: Alcalá del Río, La Algaba, Bollullos de la Mitación, Burguillos, Las Cabezas de San Juan, Camas, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Espartinas, Estepa, Gines, Guillena, Lebrija, Lora del Río, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Morón, Osuna, Los Palacios, Pilas, La Puebla de Cazalla, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Tomares, Umbrete, Utrera y El Viso del Alcor.

El coste de estos 16 aparatos ha ascendido a 45.000 euros y serán estos 32 ayuntamientos quienes entre ellos acuerden el uso de esta herramienta a través de su propia Policía Local, que ha de estar formada para la realización de los controles. Hasta ahora, la provincia cuenta con 70 policías locales titulados en esta materia de 25 municipios y la próxima semana, en la sede de la Diputación, los agentes policiales participarán en un curso para su formación.

El presidente de las Diputación ha manifestado que "nos dejamos llevar por las recomendaciones del Fiscal de Seguridad Vial para tratar de conseguir que en la provincia se evite cualquier tipo de accidente de circulación que pueda conducir a la muerte de los conductores que hayan consumido droga". Prosigue que es "un gesto más, porque hay un compromiso con el Fiscal de corregir mediante una serie de obras, irregularidades o peligros que pueden existir en las carreteras secundarias del ámbito de la Diputación. Y esto lo podríamos hacer a través del superávit 2013, pues una parte importante del mismo irá dedicado a este tipo de acciones, como actuaciones en la red secundaria, el viario de las localidades y corregir algunas deficiencias, como los badenes que se han construido en los municipios y que hay que adaptar a normativa", avanza Villalobos.

Por su parte, el Fiscal de Seguridad Vial, Luis Carlos Rodríguez León, a preguntas de los periodistas en cuanto a la aplicación de los dispositivos, dijo que "hay que distinguir entre las infracciones administrativas, que basta con que se dé positivo en cualquier tipo de droga para que sea objeto de sanción porque así lo dice la Ley de Tráfico y sus reglamentos, y la otra cuestión es la penal, pues para que el asunto sea delito es necesario que la conducción esté influenciada por la ingesta de drogas, no vale el mero positivo, sino que el individuo no esté en condiciones de conducir y se constituya en un peligro para él y para el resto de los usuarios de la vía pública".

Se trata de tomar de los conductores una muestra de saliva a través de un bastoncillo cuyo análisis preliminar resuelve en cinco o seis minutos, si el conductor ha consumido o no drogas y el grupo de la sustancia consumida.