ESTA semana hemos aprobado en el Senado de España una moción para proponer que la Semana Santa sea considerada parte del patrimonio cultural inmaterial. La propuesta ha sido enriquecida con las aportaciones del Grupo Socialista que solicitó la inclusión de los responsables de Cultura y la presencia de la FEMP. Esto parecerá razonable al sinnúmero de personas que ven la Semana Santa como una manifestación cultural y a cuantos convenimos -parece fácil- que suele profesionarse en un término municipal.

Para defender esta iniciativa se pueden utilizar muchos argumentos, destacaría tres: los primeros son de tipo económico; y aunque no son del gusto de la UNESCO, que aconseja no utilizarlos en las candidaturas en las que se solicita ser a ser patrimonio cultural inmaterial, sí son compartidos por una parte de los ciudadanos; que no sienten la fe o las tradiciones, pero sí valoran el turismo y el bienestar que genera. La Semana Santa, sería un primer argumento, es buena para la economía de nuestras ciudades. En Málaga, la Semana Santa tuvo un impacto directo de 24 millones de euros y siete de cada diez turistas que visitaron esa ciudad lo hicieron por las celebraciones de Semana Santa propiamente dichas. En Córdoba, el gasto total generado por los visitantes, más el provocado por los residentes con motivo de la asistencia a la Semana Santa supone un montante de 24.468.073,93 euros. En Sevilla, la se calcula un impacto económico de 240 millones de euros (1,22% del PIB de la ciudad); cada euro gastado en esta semana se multiplica por 2,14 y se calcula que 910.000 personas tuvieron alguna participación.

La segunda razón es de tipo social, hermandades y cofradías son parte esencial en la articulación de nuestras comunidades, elementos centrales de nuestra convivencia, fuente de buen hacer y de solidaridad. El que no haya estado en nuestros pueblos no sabrá que muchos niños y niñas se inscriben, casi a la vez, en hermandades o cofradías y en el Registro Civil. Tal vez desconozcan el caudal de respeto y cariño que reciben y, sobre todo, cuánto bien devuelven a la sociedad.

El más importante tercer tipo de argumentos: el derecho a la fe y a la identidad, a no tener que dar explicaciones, ni pedir permiso, para ser, para presentarnos en sociedad como nos plazca. Soy alcalde de una ciudad, Alcalá de Guadaíra, en la que tradición, identidad y fe tienen un profundo arraigo. Últimamente hemos padecido actuaciones aisladas, aunque ruidosas, que quiebran la convivencia al cuestionar el derecho a celebrar la fe, la identidad o las tradiciones.

Vivir en comunidad significa que mis derechos deben coexistir con los derechos de los demás. Si los derechos no tuvieran límite, el derecho a la propiedad por ejemplo, no sería posible expropiar tierras para hacer una carretera. Todos los derechos son limitados y es bueno que sea así.

Eventualmente, asistimos a comportamientos que desconocen la naturaleza misma de nuestros derechos, enfrentan a nuestra sociedad y dificultan una pacífica convivencia. No es aceptable, ni legal, ni moralmente, que se acose a nadie por tener o no tener creencias religiosas; tampoco por ser parte de una cultura, por formar parte de una comunidad con tradiciones. Tanto en Navidad como en Semana Santa, al igual que en otras fechas del año que, si bien nacieron con una motivación religiosa, son ya asumidas por la sociedad con un ánimo integrador, se plantean problemas para que un coro de vecinos pueda cantar villancicos, unos niños puedan acudir al colegio vestidos de pastorcitos o un jubilado pueda hacer una exposición en un equipamiento público como un centro cívico de miniaturas artesanas inspiradas en los pasos de Semana Santa, y todo ello porque eso es, según algunos, impropio de un estado aconfesional.

Estos son a mi juicio, ataques a la libertad, a la libertad religiosa, al pacífico hecho de ser parte de una cultura, y --si se me permite- al sentido común. Las creencias de algunos les llevan a no permitir que los demás expresen las suyas; de tal forma que parecen dispuestos a tolerar que los demás sean católicos, o tengan una tradición, siempre y cuando este derecho no tenga una manifestación pública. Usted puede ser católico, pero no puede llevar una cruz; usted puede ser una persona de Alcalá "de siempre", pero no puede realizar actividades públicas con su cofradía en su colegio, o su ayuntamiento. Vamos, que usted es muy libre de ser católico, o cofrade, o amante de las tradiciones que compartimos la mayor parte de quienes vivimos en Alcalá, pero tiene que serlo en secreto.

Esto me parece un desafuero, una falta de respeto a los demás, un comportamiento inadmisible. Cada cual puede ser lo que quiera, pero para vivir en comunidad sólo puede serlo limitadamente. El límite no lo pone cada uno, lo pone la ley. Como no existe una ley, sería contraria a la Constitución, que prohiba la Semana Santa -como quieren algunos- o la Navidad, estas se respetarán y se harán respetar. El que quiera cambiar esto tiene todo el derecho a decirlo y a intentarlo, no tiene más que proponerlo públicamente e impulsar una norma para ello. A mí me tendrán enfrente. Creo en la pasión y en la Semana Santa a los que la quieran abolir les digo que soy el primer cofrade.