La Fiscalía de Sevilla pretende acotar el margen de actuación de la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien investiga desde el 19 de marzo de 2008 un presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera en su gestión al frente del Betis desde que cogiera sus riendas de manera absolutista el 30 de junio de 1992.

Así, ayer solicitó a la juez que archive la causa por prescripción de los hechos investigados entre 1993 y 1998 y que limite su radio de acción a lo ocurrido con posterioridad a la fecha, que fueron los denunciados en su día por la propia Fiscalía. Ocurre que la juez, en su exahustiva instrucción, halló indicios de que podría existir un delito continuado, de ahí que llegase a la raíz del asunto.

La acusación particular, formada por las agrupaciones Béticos por el Villamarín, Liga de Juristas y Por Nuestro Betis, sostiene igualmente la probable existencia de un delito continuado, de ahí que vayan a solicitar que la instrucción continúe como hasta la fecha.

Empero, la Fiscalía -informa Efe-, en un escrito presentado ayer al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, considera que los presuntos delitos de apropiación indebida y delito societario que se imputan a Lopera, incluso con las agravantes de notoria cuantía y continuación en el tiempo, tienen un plazo de prescripción de diez años. Por ello, pidió el sobreseimiento de todo lo investigado entre 1993 y 1998, es decir, diez años antes de la incoación de las actuales diligencias.

Lo curioso es que el archivo se solicita pese a que un reciente informe de los peritos judiciales que han analizado las cuentas del Betis asegura que en ese periodo aproximado la gestión de Tegasa causó al Betis un perjuicio de 12,4 millones de euros.

El escrito de la Fiscalía hace expresa reserva respecto al posible delito en los hechos ya valorados por los peritos entre 1998 y 1999, a la espera de que los expertos concluyan en los próximos meses su análisis de la totalidad de las cuentas del Betis hasta 2008.

Fuentes consultadas explican que, incluso considerando las agravantes de notoria cuantía y delito continuado, las penas que se podrían aplicar a Lopera por los delitos analizados serían de seis y nueve años de cárcel, por lo que los hechos analizados están prescritos hasta 1998, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo.

Frente al informe de los peritos judiciales, el abogado de Lopera, José María Calero, presentó en días pasados su propio informe, según el cual la gestión de aquél había reportado al club un beneficio de 19 millones de euros.

Se da la circunstancia de que la petición realizada ayer por la Fiscalía llega días después de que la acusación particular, en vista de la gravedad del primer informe de los peritos, solicitase a Mercedes Alaya que citase a Lopera para declarar ya como imputado, sin esperar a que los profesionales concluyesen el trabajo de investigación que abarca hasta 2008 y que, en esta segunda parte, comprende principalmente las actuaciones de Encadesa, sustituta de Tegasa en el entramado accionarial.

Igualmente, el pasado 4 de marzo, la Audiencia anuló el auto del Juzgado de Instrucción número 6 por el que se ampliaba el ámbito de la investigación a la conversión del club en sociedad anónima deportiva, ya que consideró legal el procedimiento seguido entonces.

Aunque eso no quita que la propia Audiencia, que ha dictado ya ocho autos y que hasta declaró "temerario" un recurso de Lopera, dejó claro en uno de 11 de diciembre de 2009 que "no se puede pretender que la vida de una sociedad o entidad con personalidad jurídica en todos los ámbitos de su funcionamiento esté constituida por años, considerados como compartimentos estancos, sin incidencias de un año para el siguiente de las actuaciones u operaciones de todo orden que se realizan".