Una vez que Mercedes Alaya dé traslado del escrito de la Fiscalía a la defensa de Lopera y a las plataformas que ejercen la actuación particular, y en vista de que éstas no van a pedir el archivo de la causa, a la juez se le abre en principio una doble vía a seguir: continuar la instrucción del caso como ha venido realizando hasta la fecha o dictar un auto de sobreseimiento parcial del año 98 hacia atrás, como solicita la Fiscalía, algo que parece poco probable, ya fue ella, motu proprio, quien amplió la denuncia del propio fiscal, que sólo comprendía las actuaciones de Lopera de 1998 en adelante.

El siguiente paso sería esperar a que los peritos concluyesen su investigación sobre las actuaciones de Encadesa en los últimos años y, una vez con él en la mano, llamar a Lopera a declarar como imputado o incluso archivar la causa si el trabajo pericial no halla indicio alguno de delito y entonces sí entiende, lógicamente, que al no haber delito éste no ha podido darse de forma continuada.

Acabada la instrucción del caso y una vez dado traslado a las partes, sería un juez de lo penal quien debería decidir, en primer lugar, si han prescrito las actuaciones anteriores a 1998 y, en segundo término, sobre los posteriores. En todo caso, si las penas solicitadas tanto por la Fiscalía como por la acusación particular fuesen superiores a los cinco años de cárcel, sería la Audiencia Provincial la que se viese obligada a juzgar el caso y dictar una sentencia.

Aunque este orden de actuaciones puede parecer sencillo, expertos consultados avisan de que la propia complejidad del caso como las continuas actuaciones de la defensa de Lopera y de la Audiencia pueden alargarlo durante varios años.

Sí se espera que antes de las vacaciones de verano -agosto en los Juzgados- puede estar conclusa la segunda parte del informe que elaboran los peritos.