Un año después de que el espacio aéreo español se cerrase durante 24 horas tras el abandono masivo de los controladores de sus puestos de trabajo, la calma preside las torres de control de los aeropuertos españoles.

El 3 de diciembre de 2010, a las 17:00, los controladores aéreos dejaron de realizar sus funciones, obligando al Gobierno a cerrar el espacio aéreo, y a decretar, unas horas más tarde, el "estado de alarma" por primera vez en la democracia. Más de 600.000 pasajeros resultaron afectados.

Durante el año transcurrido, la calma ha presidido la relación entre los controladores y su patronal, Aena, sobre todo, después de que en el primer trimestre de 2011 se firmase un laudo presentado por el ex ministro Manuel Pimentel para dar por finiquitado el conflicto del II convenio colectivo. No obstante, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) defiende que las condiciones laborales que mantienen son "nefastas" porque considera que se encuentran en manos del libre albedrío de Aena, si bien reconoce que el laudo fue un paso adelante en el conflicto.

Al respecto, el presidente de Aena, Juan Lema, indica que durante este año se ha mantenido una postura abierta a cualquier tipo de negociación con el colectivo, vinculada a que se lleven a cabo dentro del marco del laudo y de la ley.

El paro mayoritario de los controladores del 3 de diciembre de 2010 supuso la apertura de expedientes a 440 trabajadores, que se encuentran en cuatro vías diferentes de tramitación. Dos de ellas son judiciales (civil y penal), otra es laboral y está a cargo de Aena, y una cuarta es administrativa por parte de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y puede suponer sanciones de entre 90.000 y 225.000 euros.

Casi 15.000 afectados del episodio que se vivió el Puente de Diciembre de 2010 reclamarán unos 150 millones de euros sólo por daños morales y perjuicios, tanto a Aena como a los controladores, según el despacho Cremades & Calvo Sotelo, que lleva el caso. Se trata de la demanda millonaria más numerosa de la historia de España.

Luis Vericat, socio del bufete, señala que Aena es responsable de la situación que se vivió porque "debería haber garantizado el servicio del tráfico aéreo", y los controladores porque "con el abandono de sus puestos, participaron de una manera directa en el caos aéreo".

Por ello, subraya que se han abierto dos vías judiciales. La primera, por lo contencioso-administrativo, se encuentra en fase previa, y es donde la compañía aérea tiene que decidir si voluntariamente o no asume responsabilidades. Y la segunda consiste en personarse como acusación particular en las diferentes causas penales abiertas "contra los controladores". En ambas, "pedimos el resarcimiento, las indemnizaciones por daños y perjuicios".