La previsible caída de las pensiones por el envejecimiento de la población requiere un retraso todavía mayor de la edad de jubilación y completar los sistemas públicos con fondos privados pese a los riesgos financieros que entrañan, según la OCDE.

En su primer informe de perspectivas sobre las pensiones publicado ayer, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se pronunció por ir más allá de la jubilación a los 67 años y fijar un mecanismo que automáticamente fije la edad de jubilación en función de la evolución de la esperanza de vida. Ese mecanismo, reconoció, es a menudo "complejo, difícil de entender y crea incertidumbre sobre los beneficios futuros" por eso se necesita una aplicación gradual y transparente que permita a cada persona adaptar sus estrategias de ahorro a los cambios.

La organización constató que las reformas realizadas en el último decenio en sus países miembros suponen una reducción de los beneficios de las pensiones públicas de un 20%-25%, y esa tendencia será todavía más marcada en el futuro.

En la práctica, las personas que empiezan a trabajar ahora pueden esperar de media en los 34 países de la OCDE una pensión pública equivalente a la mitad de su remuneración en caso de que completen el periodo de cotización. Esa "tasa de reemplazo" es del 68,9% si se suma la contribución de los fondos privados en los 13 estados donde es obligatorio, con muchas diferencias entre ellos. España -donde la cotización a un fondo privado no es obligatorio- se sitúa, tras el efecto previsto de la reforma de pensiones, por encima de la media, con un 78,3%, por delante de Italia (71,7%), Francia (60,4%), Alemania (56%) o EEUU (47,3%).

Los autores del informe se pronunciaron a favor de favorecer los fondos privados de pensión, y en particular por hacerlos obligatorios, sobre todo en los países donde la "tasa de reemplazo" es inferior al 60% del sueldo del trabajador ya que de lo contrario muchos jubilados pueden caer en la pobreza.

Paralelamente, admitieron que el creciente peso de los dispositivos privados entraña riesgos financieros para los futuros beneficiarios, como ha quedado patente con la actual crisis, que se ha traducido en rentabilidades negativas para los fondos con los que se pagan las pensiones. Así, se decantaron por fondos que ofrezcan garantías sobre el capital invertido, que tienen un costo relativamente reducido y protegen en escenarios adversos. De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el gasto público en pensiones subirá de una media del 9,3% en 2010 al 11,7% en 2050.