DE los veinte trimestres transcurridos entre el primero de 2008 y el primero de 2013, 17 se han cerrado con crecimiento negativo. Según el INE, Andalucía ha registrado un crecimiento medio anual negativo del 1,71% entre 2008 y 2012, que es mayor que el del conjunto de la economía española (1,28%, también negativo) y que es uno de los argumentos habitualmente esgrimidos para sostener que la crisis nos está golpeando más duramente que al resto. Conviene aclarar, no obstante, que en otros sitios las cosas parecen estar todavía peor. En concreto, en Asturias, Castilla-La Mancha y Valencia la caída en el crecimiento ha sido todavía más intensa que en Andalucía, aunque en ninguna de ellas las consecuencias sobre el empleo están siendo tan dramáticas como aquí. Con una tasa de paro del 36,9% en el primer trimestre de 2013, 22 puntos más que en el mismo de 2008, Andalucía se sitúa a la cabeza del desempleo entre las regiones españolas y europeas, pudiéndose afirmar que el verdadero hecho diferencial entre la economía andaluza y la española en estos momentos reside en la extraordinaria repercusión que el descenso en el nivel de actividad está teniendo sobre el empleo.

¿A qué se debe ensañamiento? Sin duda a un conjunto diverso de circunstancias que parecen haberse puesto de acuerdo para conspirar contra los intereses de los ciudadanos andaluces más vulnerables desde un punto de vista económico y social. Entre ellas había que considerar a nuestra particular estructura productiva, tan débilmente dotada de mecanismos de defensa frente a las perturbaciones que vienen de fuera. También habría que culpar al sistema educativo, sobre todo porque si la relación entre la probabilidad de estar parado y el nivel formación es tan intensa e inversa como indican los expertos, es evidente que en Andalucía existe una cierta desventaja de partida frente al resto. Pero en la larga lista de causas explicativas que con toda seguridad podríamos llegar a formar, habría que destacar dos: la debilidad de los fundamentos económicos del sistema de bienestar y el desgaste de la clase política y de las instituciones.

Por un lado, la debilidad de los fundamentos económicos del sistema de bienestar. Uno de los atributos permanentes del estado de bienestar que se desarrolló en Andalucía tras la crisis de los 90 ha sido su cada vez mayor distanciamiento del sistema productivo. En ningún momento hemos sido capaces los andaluces de generar el volumen de recursos necesario para financiar las exigencias de nuestro sistema de bienestar, llegándose en algún momento a tener que buscar financiación exterior superior al 15% del PIB para cubrir la diferencia, con dos consecuencias fundamentales. La primera, que si incluso en condiciones de abundancia una situación como la anterior puede ser calificada de imprudente, en condiciones de escasez se convierte en insostenible. La segunda, que cuando un sistema de bienestar se viene abajo, los colectivos socialmente más vulnerables (trabajadores temporales, inmigrantes, parados de larga duración, mayores de 45 años, jóvenes menos formados, etc) figurarán con toda probabilidad entre los más perjudicados.

La otra gran causa explicativa es el desgaste, tanto en Andalucía como en España, de la política y de las instituciones encargadas de ordenar la convivencia, tanto desde el ámbito de lo público como de lo privado. Parece claro que la prioridad de cualquier gobierno en una situación como la actual tendría que ser la creación de condiciones favorables a la germinación de esos esquivos brotes verdes que la sensibilidad de los más optimistas consigue identificar con claridad, aunque la respuesta que desgraciadamente está ofreciendo la política es la del enclaustramiento en sus dominios como forma de protección frente a las salpicaduras de los escándalos judiciales.

En el caso de Andalucía las perspectivas son particularmente negativas. A la clamorosa pasividad de la Junta en materia de política económica y empleo desde el comienzo de la crisis, se añade un nuevo escenario de confrontación política en torno al anuncio de elecciones primarias en el partido socialista, que amenaza con agotar definitivamente sus aparentemente escasas reservas de energía e imaginación. Mientras tanto, los andaluces nos seguimos empobreciendo, más de un 6% desde que comenzó la crisis, y nuestro nivel de vida se aleja cada vez más de la media española y, sobre todo, europea. Estamos incluso algo peor, en términos relativos, que hace 30 años, a pesar de lo cual la financiación pública que recibe un ciudadano andaluz es algo inferior a la media española, por lo que no cabe extrañarse de que en estos momentos la desigualdad esté aumentando tanto en España como en Europa. La respuesta a estos problemas vendrán de la mano de soluciones de profundo calado político, entre los que estarán cambios en el Tratado de la Unión y la Constitución, o en la regulación de la actividad bancaria, pero no consigo convencerme de que unas cuestiones tan trascendentales vayan a condicionar como deberían la agenda política andaluza de los próximos años.