La Fiscalía Anticorrupción rechaza la celebración de una vista en la que se decida sobre el ingreso en prisión del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el marco del caso Bankia, así como las peticiones para que se le retire el pasaporte y se le prohíba salir del territorio nacional, informaron ayer fuentes jurídicas a Europa Press.

El fiscal Alejandro Luzón argumenta en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que no procede acordar estas medidas en el marco de este procedimiento, en el que no se han producido novedades significativas en la investigación.

El juez Andreu preguntó a la Fiscalía si debía celebrar una vista contemplada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a petición de un particular, y si acordaba la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, reclamada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular en la causa.

Anticorrupción también rechaza la petición de la formación magenta de solicitar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) que informe sobre la situación actual de las investigaciones que afectan a Rato, sus bienes patrimoniales, disposiciones y transferencias dinerarias realizadas. Las citadas fuentes apuntan, no obstante, que las medidas cautelares solicitadas se podrían imponer, en todo caso, en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid por las actividades económicas del ex vicepresidente.

Rato se encuentra imputado en el procedimiento en el que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia por los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

La Audiencia Nacional deliberará hoy sobre los recursos presentados por Bankia y su matriz, BFA, así como por cuatro miembros de su ex cúpula, entre ellos Rodrigo Rato, contra la fianza de 800 millones impuesta por las supuestas irregularidades.

También se le atribuyen los delitos de administración desleal o apropiación indebida en la pieza separada sobre las tarjetas black opacas al fisco, en la que los ex consejeros de Bankia y Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

El colectivo 15MpaRato, personado también como acusación popular, ha solicitado también a Andreu que acuerde la prisión provisional y sin fianza para Rato.

Andreu ha archivado la causa de las tarjetas opacas que seguía contra 14 ex directivos de la entidad, al considerar que el delito de apropiación indebida que se les imputaba habría prescrito al haber pasado más de cinco o diez años desde la última infracción.