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Análisis

Presupuestos de estío

  • Ya se hubieran presentado en agosto o noviembre, lo saludable hubiera sido un verdadero debate sobre las cuentas públicas no contaminado por la cercanía de la cita electoral.

UNA de las novedades de esta legislatura ha sido la redacción, presentación y discusión de los Presupuestos Generales del Estado anticipados respecto a lo acostumbrado, habitualmente en las últimas semanas del ejercicio precedente y a veces con aprobación en los últimos días del año. No hay ningún impedimento legal para el momento elegido, puesto que la Constitución sólo establece una fecha límite de presentación: tres meses antes de la expiración de los del ejercicio anterior. Sin embargo, la proximidad de las elecciones generales ha hecho casi inevitable la acusación de comportamiento interesado por parte del Gobierno.

Naturalmente, el Gobierno hará uso de las disposiciones presupuestarias que beneficien a unos u otros colectivos incorporándolas en sus promesas electorales -creo que este término es más preciso en nuestro país que el de programa electoral-, pero es difícil de sostener que el presupuesto se haya anticipado sólo por interés electoral. Presentadas las cuentas algunas semanas más tarde, en las fechas convencionales, el resultado sería el mismo: su discusión y aprobación antes de las elecciones generales. Cosa diferente habría sido, como algunos han sugerido, que se hubieran adelantado las elecciones con tiempo suficiente para que el nuevo Gobierno resultante hubiera podido traducir a ingresos y gastos sus propuestas electorales. Pero esto nos habría llevado a celebrar elecciones generales en el mes de abril o mayo, apurando mucho la conformación del Gobierno y redactando los presupuestos en sólo un par de meses. Y ya se pueden imaginar cómo sería la negociación presupuestaria en un congreso fragmentado y con un Ejecutivo en minoría o con socios diversos, que es lo que mostraban entonces las encuestas. En definitiva, podríamos haber carecido de acción de gobierno durante la mayor parte del primer ejercicio de recuperación, empleando el tiempo en decidir quién ocupa la presidencia y cómo se conforma un presupuesto que pueda obtener votos suficientes.

Se ha oído también la opción de no haber presentado un proyecto de Presupuestos y dejar que el día 1 de enero se prorroguen automáticamente los vigentes hasta la aprobación de los nuevos. Pero esto no tiene ningún sentido en la circunstancia actual, cuando el proponente de los presupuestos cuenta con diputados bastantes para aprobarlos en solitario. Esa posibilidad existe, claro está, pero está pensada para cuando es imposible lograr una mayoría que los respalde. O sea, que tal opción no ha sido otra cosa que invitar al Gobierno al incumplimiento de lo que establece el artículo 134 de la Constitución.

Ya en el debate hemos sabido que el actual líder de la oposición tiene la voluntad de modificarlos si alcanza la Presidencia. Pero esto sería de todo punto innecesario, ya que la Constitución permite que una vez aprobados los presupuestos se presenten proyectos de ley que impliquen aumento del gasto o disminución de los ingresos públicos. No ha sido más que un gesto grandilocuente, lo que se ha comprobado días después al conocer las enmiendas parciales de su grupo. Son al parecer 1.600, con las que movilizar (sic) 11.000 millones de euros cuyos destinos serían la cohesión social, el cambio de modelo económico y la educación y el empleo. Su financiación se prevé con un aumento de la recaudación tributaria por un importe similar, con lo cual se comprende el novedoso término movilizar: desde el bolsillo del contribuyente al arca de la Agencia Tributaria. Se conoce que todas las asignaciones de gasto que ya contienen los Presupuestos deben parecerles completamente acertadas a la oposición, o insuficientes en todo caso, ya que no parece contemplarse la posibilidad de reducir en alguna partida para mejor dotar a otras. Por el contrario, la financiación de la movilización se basa en una reforma fiscal de calado, que nos permite anticipar cual será la propuesta fiscal electoral del partido socialista: subida de los tipos del IRPF para sus tramos más elevados, nuevo impuesto sobre las grandes fortunas y tributación mínima del 15% sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades, aunque no podía faltar alguna rebaja: la del IVA cultural al 5%. Se ve que tan electoralista puede ser un proyecto como su enmienda, pero lo más notable es que es de imposible realización porque la Constitución no permite que la Ley de Presupuestos cree tributos, sólo puede modificarlos si la ley tributaria que los ha creado lo contempla.

Sea en agosto o sea en noviembre, la verdad es que el debate presupuestario sería saludable si de verdad se debatiesen los Presupuestos. Este año no hemos asistido más que a una especie de predebate electoral que, además, no ha tenido especial interés, aunque por momentos haya sido entretenido para pasar una tarde lluviosa en Galicia. En el resto del país no lo habrán visto ni los forofos.

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