El Gobierno ha dado luz verde a la normativa que regula el autoconsumo eléctrico, una actividad que permite a los usuarios generar su propia energía, firme en su idea de que los que opten por esta opción y se conecten a la red tienen que seguir contribuyendo al pago de los costes del sistema. Pese a la polémica y las criticas recibidas desde el sector fotovoltaico o las asociaciones ecologistas, el Gobierno ha defendido que los que opten por ponerse una instalación para generar y consumir su electricidad -fundamentalmente placas solares- pero quieran seguir conectados a la red, contribuyan a todos los costes del sistema.

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha explicado que la normativa busca "impulsar la generación distribuida" y "la utilización de las energías renovables". La norma, han subrayado desde Industria, "garantiza la sostenibilidad económica del sistema y el reparto adecuado de las cargas" y evita una situación "injusta" y "regresiva" para el resto de consumidores.

Soria ha explicado que habrá dos modalidades. La primera para instalaciones por debajo de 100 kilovatios (kV) de potencia instalada en la que el autoconsumidor podrá verter a la red la energía que le sobre de su producción, pero sin cobrarla, y la segunda para instalaciones de más de 100 kV, en la que sí se permitirá vender esa energía sobrante. En este caso, el titular de la instalación deberá estar inscrito en el registro de productores y se le pagará la energía al precio que marque el mercado en cada momento. En cualquier caso, Soria ha defendido la necesidad de que el autoconsumidor que siga conectado a la red contribuya a los costes del sistema.

La factura eléctrica de todos los consumidores recoge tres conceptos: unos peajes para pagar los costes regulados, el coste del consumo de energía y los impuestos. En el caso de los autoconsumidores, sus costes se dividen en dos. En la parte que consumen de la red, pagan igual que el resto de usuarios. Sin embargo, en la parte que autoconsumen, aunque no abonan ni el coste de la energía -que han producido ellos mismos- ni los impuestos correspondientes, sí que deberán pagar unos cargos similares a los peajes para contribuir a todos los costes del sistema.

La mayoría de los defensores del autoconsumo están de acuerdo con pagar un cargo por la potencia contratada, aunque se oponen a pagar esos peajes por la energía que autoconsumen. La normativa mantiene esos peajes, pero establece dos exenciones a estos cargos para los autoconsumidores extrapeninsulares -ya que en las islas la generación convencional es más cara que la distribuida- y para los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (kW), que coincide con los hogares.

La norma, que da un plazo de adaptación de seis meses, prevé también la creación de un registro de instalaciones de autoconsumo para que el operador del sistema y las eléctricas puedan conocer las instalaciones en sus redes y "garantizar la correcta operación del sistema eléctrico en condiciones de seguridad".

Tras la aprobación del real decreto, las asociaciones fotovoltaicas la han criticado al considerar que los cargos que establece para los usuarios conectados a la red pretenden impedir su desarrollo. La Unión Española Fotovoltaica (Unef) ha apuntado que los cargos pretenden frenar el desarrollo de esta actividad, cuando, a su juicio, el Gobierno debería impulsarlo como medida de ahorro y eficiencia energética que, además, contribuiría a aumentar la competitividad de las empresas de servicios y pymes. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha tachado la normativa de "esperpéntica" por haberse aprobado "sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible".

Las principales organizaciones ecologistas españolas han considerado "absolutamente inaceptable" el decreto y han coincido en que se ha "primado el interés de las grandes empresas frente al general" y que la normativa aprovada "fija impuestos al sol en beneficio de las grandes compañías eléctricas".

El Gobierno ha respondido en todo momento a las críticas contra esos cargos que el objetivo es que todos los usuarios conectados a la red tienen que contribuir a sufragar el coste de los servicios e infraestructuras, ya que de lo contrario el resto de consumidores tendrán que pagar su parte. De hecho, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, llegó a apuntar que el autoconsumo sin cargos es "lo más antisocial que existe", ya que las propias características técnicas de esta tecnología exigen un espacio mínimo, que se corresponde con las viviendas unifamiliares y que no es viable en bloques de pisos.