El canon del agua es una tasa autonómica que se incorporó al recibo en mayo de 2011 y que consiste en un fijo de un euro más un porcentaje en función de la factura que se iría incrementando año a año hasta 2016. El objetivo era obtener fondos para financiar obras de depuración y saneamiento, y cumplir así la directiva europea marco de Aguas, que establece que a 31 de diciembre de 2015 todos los núcleos urbanos de menos de 2.000 habitantes deben poder depurar sus aguas. Por su naturaleza, es un impuesto finalista, lo que quiere decir que la recaudación ha de ir destinada para el fin para el que se creó.

Ayer, las principales asociaciones de construcción e ingeniería, Ceacop, Fadeco Contratistas y Asica, presentaron un escrito ante el Juzgado de Guardia en el que denuncian un gran desfase entre lo ingresado por esta tasa y lo invertido. Así, desde 2011 la Junta ha aportado 59 millones de euros para la contratación de obras -En 2010, la Junta había previsto 300 actuaciones con una inversión de 1.765 millones- y lo recaudado por el canon, sin embargo, asciende a más de 300 millones. Según Ceacop, sólo en 2014 se ingresaron 90 y está previsto que en 2015 sean 123. Si finalmente es así, a final de año el acumulado recaudado será de 346 millones de euros. El sector ya había pedido hace tiempo a la Fiscalía que investigara el asunto -para determinar si hay desvío de fondos- pero ésta había decretado el archivo provisional. Ahora vuelve a la carga, después de conocerse un informe del Tribunal de Cuentas, referido a 2013, en el que refleja que el canon dejó en las arcas de la Junta 133 millones de euros y sin embargo sólo se invirtieron en depuradoras 31. El juzgado dispone ahora de seis meses para decidir si hace algo o no.

El sector de la construcción también alerta de las sanciones a las que se expone la Junta por su lentitud a la hora de cumplir con la directiva europea de Aguas. En concreto, si no se prorroga el plazo límite del 31 de diciembre, Andalucía se expone -dentro de una posible sanción a España- a multas de 40 millones de euros en 2016, según el sector. Como explica Ignacio Sánchez de Mora, presidente de la asociación de ingenierías Asica, hay ya tres procedimientos abiertos contra España: uno por la falta de actuación en zonas sesibles -que no afecta a Andalucía- y otros dos por la inacción en municipios de menos de 15.000 habitantes y de 2.000 habitantes, y estos sí conciernen a la región. Sánchez de Mora calcula que habría un tipo de sanción a tanto alzado para la región que alcanzaría los 20 millones y otros dos que consistirían en una multa diaria por municipio mientras no se solucionara el problema. El primer año serían 9,8 millones en total para los de menos de 15.000 habitantes y 9,2 para los de menos de 2.000. En total, sumando el fijo, la cantidad se acercaría a 40.

Ceacop teme que, cuando llegue la sanción, la Consejería de Medio Ambiente llegue al punto de usar el canon para pagarla e incluso elevar la fiscalidad.