Paso clave para evitar la entrada en concurso de Abengoa. Los principales acreedores de la compañía alcanzaron ayer un principio de acuerdo para reestructurar su deuda. El plan de rescate, cuya firma es inminente, contempla la inyección de 1.200 millones de euros con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez de la firma para los próximos dos años, así como una nueva estructura de capital tras la conversión en acciones de dos tercios de su deuda financiera -que asciende a casi 9.400 millones- entre otras medidas, según indicaron fuentes de los acreedores. Éstos se repartirán el 95% de las acciones de la Nueva Abengoa, mientras que sus actuales propietarios verán diluida su participación hasta el 5%.

El preacuerdo ha sido negociado por el llamado G-7 bancario -al que asesora KPMG y que está integrado a Santander, Bankia, Caixabank, Popular, Sabadell, Crédit Agricole y HSBC- y los principales tenedores de bonos, que han contado con el asesoramiento de Houlihan Lokey y Clifford Chance. Ambas partes suman alrededor del 40% de la deuda financiera de Abengoa. A partir de hoy comienza un proceso a contrarreloj para lograr antes del 28 de marzo la ratificación de la compañía y el beneplácito de los titulares de al menos el 75% de la deuda financiera y tres quintas partes del pasivo.

La hoja de ruta pactada por los principales titulares de la deuda de Abengoa incluye una serie de puntos básicos que "aún están pendientes de desarrollo", según fuentes de los acreedores. Para garantizar la operatividad de la compañía en los próximos dos años, Abengoa recibirá una inyección de liquidez de 1.200 millones de euros, que partirá principalmente de los bonistas, aunque está abierta a la participación de bancos. Esta aportación, denominada "dinero nuevo", se concede con un tipo de interés del 18% -un 5% de interés anual, otro 4% como comisión de apertura y un 9% al finalizar el periodo de vigencia-. En caso de cancelación antes de dos años, se aplicará un recargo adicional del 5%. Además, Abengoa recibirá inmediatamente de los bonistas otros 110 millones para los pagos más urgentes, como las nóminas, mientras se encuentra en la situación de preconcurso.

La Nueva Abengoa echaría a andar con unos 3.000 millones de deuda. Los acreedores están dispuestos a refinanciar entre 500 y 600 millones de euros adicionales. También se refinanciarán los 231 millones concedidos por el G-7 a finales del año pasado con un plazo de dos años a un interés del 5% más Euríbor.

El resto de la deuda financiera se convertiría en acciones. El reparto pactado en el preacuerdo otorga el 55% del capital a los acreedores que participen en la inyección del llamado "dinero nuevo". Otro 35% de las acciones corresponderá a los titulares de la deuda antigua, y un 5% adicional se reservará para los acreedores -fundamentalmente entidades financieras- que dispuestas a aportar los 800 millones de euros en avales y garantías que Abengoa precisa para seguir operando.

Los accionistas actuales de Abengoa se repartirán el 5% restante de las acciones, lo que supone una dilución del 95%. En consecuencia, Inversión Corporativa, que cuenta ahora con el 51% de los derechos de voto pero menos de un tercio de las acciones, podría ver reducida su participación en la Nueva Abengoa por debajo del 2%. Fuentes cercanas a la operación señalaron que los accionistas actuales recibirían un 5% adicional -llegando al 10% del capital- en caso de que se cumpla el plan de viabilidad al completo, con el pago de toda la deuda, tanto la antigua como del llamado "dinero nuevo".

Una de las claves que aún no se ha desvelado se refiere al precio nominal al que se ejecutará la capitalización de la deuda. La diferencia entre éste y el valor de mercado determinará las pérdidas que sufrirán los acreedores, que podrían alcanzar un 70% dependiendo del momento en el que se deshagan de su paquete accionarial. Sin embargo, la compañía estima que los acreedores recuperarían toda su inversión en cinco años si mantienen su participación durante este periodo gracias a su reconversión en una empresa más pequeña centrada fundamentalmente en el negocio de ingeniería y construcción.

Este preacuerdo entre los bancos y los bonistas más destacados debe ahora alcanzar antes del 28 de marzo el apoyo del 75% entre el conjunto de los acreedores y, además, recibir la aprobación de Abengoa, previsiblemente a través de un acuerdo del consejo de administración. En la misma reunión, posiblemente se aprobaría solicitar al juzgado una extensión del plazo para lograr un mayor número de adhesiones al convenio, dado que la Semana Santa suele ser un periodo inhábil. Para que sea aceptada la petición, fuentes cercanas a la operación señalaron que sería preciso contar en ese momento con un porcentaje mayoritario de los titulares de la deuda, aunque no llegue aún al mínimo.