La multinacional andaluza Abengoa anunció ayer medidas de ajuste laboral que podrían afectar al 10% de su plantilla en España, es decir, unos 500 de los 5.000 empleados (4.000 en Sevilla) con los que cuenta la compañía, actualmente inmersa en una prórroga del preconcurso de acreedores que solicitó a finales del pasado mes de noviembre.

Aunque la empresa no lo ha confirmado oficialmente, parece que ya se ha iniciado el proceso para la reestructuración laboral de su filial Inabensa, especializada en la fabricación y el mantenimiento de líneas de transmisión eléctrica. Según afirman CCOO y UGT, Abengoa ya se ha puesto en contacto con ellos para constituir la mesa de negociación del ERE, algo que se hará en el plazo máximo de siete días. Manuel Ponce, secretario general de la federación del metal de UGT en Sevilla, afirma que se trataría de un expediente que combinaría despidos con regulaciones de empleo temporal (ERTE) y que afectaría a unos 400 trabajadores, una cifra en la que también coincide José Manuel Moreno Cerrejón, secretario general de Industria de CCOO en Sevilla. El grueso del ERE y del ERTE se concentraría en Sevilla, especialmente en la sede del polígono de Torrecuéllar, pero también en las de Palmas Altas y Alcalá de Guadaíra. La plantilla de Inabensa asciende a 1.100 personas y cuenta con actividad y empleados en toda España. Tiene contratado, según informa CCOO, el mantenimiento eléctrico de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, o el de la planta de Peugeot-Citroën en Vigo. En los últimos meses ha sufrido la rescisión de algunos contratos, como el que mantenía con Red Eléctrica Española, informa el sindicato CCOO.

Moreno Cerrejón, de CCOO, afirma que se teme "lo peor" en cuanto a las condiciones en las que se plantearán los ajustes, pero fuentes de Abengoa afirman -sin entrar en el asunto concreto de Inabensa- que el anuncio de 500 trabajadores es un punto de partida que puede variar (a la baja) a lo largo de la negociación. Las fuentes de la firma recalcan que, en una situación tan delicada, se mantiene el 90% de la plantilla en España y si se suma el resto del mundo, el 97% del número de trabajadores a nivel global, y esto supone "dar tranquilidad" al grueso de empleados.

La empresa no confirma el ERE en Inabensa, pero sí admite que puede ser una de las filiales señaladas, ya que responde a los parámetros recogidos en el plan de estabilidad para perder fuerza en áreas no estratégicas y eliminar duplicidades. La reducción de plantilla en esta filial y otras -se apunta, por ejemplo, a la actividad de bioenergía- entraría dentro de los parámetros de la transición hacia la Nueva Abengoa, con una estructura más más pequeña y más sostenible desde el punto de vista financiero.

La empresa justifica el recorte en que es una "medida absolutamente necesaria para ser más eficiente y avanzar hacia una nueva estructura, más ajustada al volumen de negocio previsto en el plan de viabilidad", según afirmó en un comunicado enviado ayer a toda la plantilla por parte de su presidente, Antonio Fornieles, y su consejero delegado, Joaquín Fernández de Pierola.

Los máximos directivos de la compañía informan de la adopción de medidas de ajuste en los últimos meses que no sólo son laborales. "Entre otras: la simplificación societaria, la reducción de consejos y posiciones directivas, optimización de gastos de viajes, ajustes de sistemas e infraestructura de informática y móvil, así como la potencial reubicación de diversas oficinas e instalaciones de la compañía en algunos de los países donde operamos".

Abengoa ya comenzó la reducción o desmantelamiento de los consejos de administración de sus filiales el pasado mes de febrero. Empresas como Abengoa Greenfield, Abengoa Greenbridge y Abengoa Finance pasaron a tener como administrador único a Abengoa S.A., según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Además, el proceso de desiversiones está en marcha, con la venta de cuatro plantas fotovoltaicas en Sevilla y Jaén, o de un parque eólico en Uruguay.

Actualmente, la firma se encuentra inmersa en un intenso trabajo para desarrollar el preacuerdo alcanzado en Semana Santa con los titulares del 75% del pasivo financiero, lo que motivó que el juez concediera siete meses más para cerrar un acuerdo definitivo y evitar el concurso. Aunque tiene hasta el 28 de octubre, la compañía pretende tenerlo todo cerrado antes de la junta de accionistas del próximo junio.