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Análisis

Posible multa tras las elecciones

  • Queramos o no, la consolidación fiscal debe continuar. Es muy preocupante que partidos de izquierda y extrema izquierda estén prometiendo aumentos del gasto que son inviables

UN alivio para España, la Comisión Europea ha concedido una tregua de un año para que el Gobierno español cumpla con el objetivo de déficit público . A cambio España debe de acometer las reformas estructurales pendientes. Se retrasa hasta una fecha posterior al 26 de julio, fecha de las elecciones, la decisión sobre la imposición de una multa por déficit excesivo que puede llegar a los 2.200 millones de euros, acompañada de la posible suspensión de fondos europeos por un importe de 5.000 millones de euros. También exige un ajuste adicional del déficit público estructural de 8.000 millones de euros: 2.500 millones en 2016 y 5.000 millones en 2017, muy por debajo de los 13.000 millones que inicialmente había planteado. Sería la primera multa desde el nacimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 1998.

Una decisión política

No ha sido fácil esta decisión para el Colegio de Comisarios. Una interpretación estricta del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) hubiera conducido a una sanción automática del 0,2% del PIB. No había excusas para el incumplimiento. Con un crecimiento del 3,2% del PIB, el doble de la media europea, no se puede atribuir el incumplimiento al ciclo económico. Tampoco se puede alegar que se han adoptado todas las medidas necesarias para la reducción del déficit público, tras varios avisos de alerta de la Comisión Europea. La proximidad de las elecciones no solamente paralizó toda iniciativa de ajuste del gasto público improductivo, sino que además propició una inoportuna y electoral reducción de los impuestos. Es el cuarto incumplimiento de España. La decisión se complicó todavía más por las declaraciones de Mariano Rajoy a The Financial Times, en las que afirmaba que volvería a reducir los impuestos en la próxima legislatura.

El presidente la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha tenido que enfrentarse a grandes presiones de los países nórdicos representados por Dombrovski y el finlandés Jyrki Katainem, vicepresidentes de la Comisión Europea, que defendían la aplicación automática de las sanciones por déficit excesivo sin causa justificada. La defensa del Gobierno español se centró en el gran esfuerzo que ha supuesto la reducción del déficit público desde el máximo del 11% hasta el 5,1 % alcanzado en 2015 y también a la desviación de los ingresos tributarios presupuestados, como consecuencia de la inesperada inflación negativa. Al final han sido las causas políticas las que han prevalecido. Tanto el comisario francés Pierre Moscovici como el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, han afirmado que no era el momento político oportuno para actuar , ante la incertidumbre del resultado del referéndum sobre el Brexit en Inglaterra y las elecciones en España.

De la flexibilidad a la debilidad

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), conjunto de normas que garantiza que los países de la Unión Europea mantienen sus finanzas públicas saneadas, ha ido perdiendo fuerza y credibilidad desde su nacimiento en 1998. A pesar de los numerosos incumplimientos de países como Alemania y Francia y más recientemente de los países periféricos, todavía no hemos asistido a una sola sanción por el incumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública. A lo largo de estos últimos años se ha ido modificando para contemplar todo tipo de circunstancias nacionales e individuales. A partir de 2011 se han incorporado nuevas disposiciones en paquetes de medidas como el Six-Pack o el Two-Pack, aumentado la coordinación y supervisión de las políticas presupuestarias de los países miembros. El Pacto Presupuestario y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza establecieron la necesidad de compromiso con los objetivos de consolidación a medio y largo plazo. Es a partir de 2015, cuando la Unión Europea ve la necesidad de aprovechar al máximo la flexibilidad del PEC y la necesidad de que los planes de austeridad vayan acompañados por el compromiso con las reformas estructurales y un plan de inversión europeo en apoyo del crecimiento y el empleo.

El resultado ha sido un PEC complejo, oscuro, y de aplicación discrecional y arbitraria, en función del poder político y económico del país incumplidor. Ante la discrecionalidad en su aplicación, el PEC ha perdido su credibilidad frente a los países miembros y los mercados financieros. Y lo que es más preocupante, la falta de rigor y de disciplina fiscal está dificultando el avance hacia la integración presupuestaria de Europa. Para Alemania y para los países nórdicos, los eurobonos y el Tesoro Público Europeo,se alejan del horizonte a medida que la disciplina fiscal se relaja o flexibiliza en su cumplimiento.

La deuda pública alcanza el 100% del PIB

Coincidiendo con esta decisión la deuda pública ha alcanzado el 100% del PIB, máximo histórico de endeudamiento desde el año 1909. El valor de lo que producimos durante un año, 1,095 billones de euros. Deuda pública que hoy es sostenible gracias a los bajos tipos de interés, negativos en los plazos cortos, al bajo coste medio del 2,9% y a una larga vida media que supera los seis años. Pero la sostenibilidad de la deuda puede verse comprometida a medio plazo, tanto por su composición como por su excesiva dependencia de la financiación externa. El 28,7% de nuestra deuda pública está financiada por bancos españoles y por el BCE. Los bancos españoles están reduciendo su cartera de deuda pública por su bajo rendimiento y por la anunciada amenaza de que puedan perder su condición privilegiada de activos sin riesgo. Ante estas expectativas, la financiación bancaria de la deuda pública va a continuar disminuyendo. Pero quizás el mayor riesgo es que el 53% de la deuda pública está financiada por no residentes, por los mercados exteriores. Ante una pérdida de confianza exterior sobre la capacidad de pago, como la que tuvimos en 2012, la deuda pública sería insostenible y volveríamos a estar nuevamente al borde de un rescate.

Creando falsas expectativas

Por esta razón es muy preocupante que los partidos de izquierda, y sobre todo de extrema izquierda, estén prometiendo aumentos espectaculares del gasto público y el partido del Gobierno nuevas rebajas de impuestos. Ambas promesas en ningún caso van a ser posibles. Son falsas expectativas, por no decir mentiras electorales, que nuevamente nos quieren vender a unos ciudadanos cada vez más desconfiados. Queramos o no, la consolidación fiscal deberá de continuar. Quizás con un calendario más flexible, pero con mayor rigor en su cumplimiento si queremos mantener la credibilidad de nuestros financiadores. La ampliación del calendario de cumplimiento sólo se nos concederá a cambio de que el nuevo Gobierno acometa las nuevas reformas pendientes del mercado laboral, de la liberalización de los servicios, del mercado único domestico, de la educación, de la Administración pública, etcétera. El margen de maniobra que tendrá el nuevo Gobierno será estrecho, el que le concedan Bruselas y los mercados financieros, hasta que no reduzcamos nuestra abultada deuda publica y la excesiva dependencia en su financiación exterior. Como afirma Moscovici "España es libre para aplicar la política presupuestaria que desee, siempre que cumpla con las reglas de juego del Pacto de Estabilidad y Crecimiento". Y es que dentro del club de la Unión Europea la soberanía presupuestaria tiene un precio, el de la disciplina fiscal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos y de las reglas de juego de la Unión.

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