El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha autorizado la cadena humana convocada para la tarde de este viernes por diversos colectivos sociales y ecologistas contra la reunión de ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea que tiene lugar en Sevilla.

Tras una vista urgente celebrada a mediodía, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha decidido anular la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno en Andalucía "por ser disconforme a derecho". El tribunal únicamente ha dado lectura a la parte dispositiva de su resolución, ya que el texto íntegro de la sentencia lo notificará en los próximos días, según fuentes judiciales. A la vista no ha acudido la Fiscalía, pero el abogado del Estado, en nombre del Gobierno, ha asegurado que en caso de celebrarse la protesta existiría un "riesgo objetivo para personas y bienes", no imputable a los convocantes sino derivado de la reunión de un número importante de personas.

Además, la autorización de la cadena humana en torno al Palacio de Congresos de Sevilla obligaría a "cambiar e improvisar un nuevo dispositivo de seguridad que moviliza a 1.300 personas solo en agentes de policía", ha dicho el Abogado del Estado. Los colectivos convocantes, por su parte, han apelado al derecho de manifestación y han insistido en que la protesta no vulneraría las medidas de seguridad, ya que se pensaba celebrar fuera del perímetro establecido a tal fin por la Delegación del Gobierno.

Otro de los motivos de debate ha sido el plazo con el que se ha convocado la protesta, ya que el Abogado del Estado ha insistido en que se hizo con solo 24 horas de antelación, pese a que la noticia de la reunión ministerial estaba en prensa desde el 2 de enero pasado. Además, los convocantes "están especializados en este tipo de manifestaciones", ha dicho el abogado del Estado, y "son un hecho notorio las medidas de seguridad, los controles y los helicópteros de la Policía que desde hace días sobrevuelan Sevilla".

El abogado del Estado ha alegado que la única "razón de urgencia" que permite no respetar los diez días de antelación para la convocatoria de una manifestación son los hechos imprevistos como un atentado, que no se da en este caso. Los convocantes de la protesta han defendido que la prohibición del Gobierno vulnera el derecho constitucional en materia de reunión y han alegado que las supuestas razones de alteración y corte de tráfico rodado se dan en todas las manifestaciones.