La Junta puso ayer en sordina el estruendo que intentaron los sindicatos con la convocatoria de huelga en el sector público. Las cifras ofrecidas por ambas partes del seguimiento de los trabajadores y la lectura consiguiente de los efectos de la jornada ilustran la intención de cada una por amortiguar o multiplicar las consecuencias del 8-J. El Gobierno andaluz fijó en un 9,37% el respaldo a la huelga; los sindicatos se vieron apoyados por un 76%.

Discusión numérica al margen, lo cierto es que la actividad laboral no se resintió demasiado. Un dato a modo de ejemplo: los colegios, institutos y universidades de la comunidad no presentaron durante el día incidencias destacables directamente relacionadas con la convocatoria de huelga. Y sin embargo, la actitud de los empleados públicos contra las medidas de recorte salarial del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán -y por extensión las dictadas desde La Moncloa- llevó a los máximos responsables de UGT y CCOO en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, a inferir que "estamos ante un anticipo de lo que podría ser una huelga general". Ambos insistieron en demandar del Gobierno central y de la Junta un "replanteamiento" de sus medidas de ajuste.

La protesta empujó a las calles a 62.500 empleados públicos, según datos de los sindicatos. Por detrás de Sevilla, Málaga, con 15.000, fue la que registró un mayor número de manifestantes, a la que siguieron Granada, con 7.000; Cádiz, con 6.500; Huelva, 6.000; Córdoba, con 4.000, y 2.000 en Almería y Jaén, respectivamente.

La Administración ofreció sus números. La Junta fijó en el 9,37% las cifras definitivas de seguimiento en los servicios centrales y delegaciones provinciales del Gobierno andaluz.  Al finalizar la jornada de paro, en los servicios centrales, de 49.543 trabajadores convocados en este área secundaron la huelga 4.642 personas. El porcentaje fue superior en el colectivo de funcionarios, donde el 13,59% de trabajadores de los servicios centrales y delegaciones provinciales secundaron la movilización, esto es, 3.186 de 23.443 trabajadores. Por su parte, el personal laboral registró un 5,58% de seguimiento, esto es, 1.456 trabajadores en huelga de un total de 26.100 trabajadores.

En el organigrama de los departamentos de la Junta, las consejerías de Salud y Obras Públicas y Vivienda fueron las que reflejaron más ausencias de trabajadores, en apoyo de la huelga. En Salud secundó el paro el 18,15% del personal y en Obras Públicas y Vivienda el 16,39%, según datos facilitados por el Ejecutivo. En el resto de las consejerías, el seguimiento arrojó las siguientes cifras: Economía, Innovación y Ciencia, 15,67%; Empleo, 14,83%; Cultura, 14,66%; Hacienda y Administración Pública, 14,22%; Gobernación y Justicia, 11,05%; Turismo, Comercio y Deporte, 10,86%; Agricultura y Pesca, 10,65%; Presidencia, 10,08; Medio Ambiente, 9,83%; e Igualdad y Bienestar Social, 8,16%. Los servicios centrales y delegaciones provinciales de la Consejería de Educación registraron la menor incidencia de huelga, que fue seguida por el 3,06% de los empleados públicos de la Junta.

Los aeropuertos de la comunidad tampoco se resintieron por la huelga, y operaron con "total" normalidad, ya que los servicios mínimos estipulados "se cumplieron", según informaron fuentes de Aena.

Precisamente, los servicios mínimos activados para amortiguar los efectos de la huelga recibieron críticas por parte de los sindicatos convocantes. En concreto, CSIF-A censuró que la publicación tardía en el BOJA de dichos servicios  "restó participación" a la huelga porque los trabajadores "necesitan ver aclarada su jornada laboral con antelación y la publicidad debida. No hacerlo así, como ha hecho la Junta, es una incompetencia más de la Administración".