La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, se ha felicitado este martes de que el Tribunal de Cuentas investigue el uso de los fondos que transfiere el Gobierno a las Comunidades Autónomas para la aplicación de la Ley de Dependencia, así como si éstas aportan la cuantía que les corresponde.

Jiménez ha hecho estas declaraciones después de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, haya hecho este anuncio en el Congreso, donde ha comparecido para explicar el programa de fiscalizaciones de este organismo para el año 2010.

La ministra ha declarado que la iniciativa le parecía "muy buena decisión", ya que va dirigida al "control y evaluación" de la utilización de fondos públicos dirigidos a colectivos "vulnerables".

Se ha mostrado partidaria de que el uso de las arcas públicas tenga las "máximas garantías y controles", por lo que ha hecho "muy buena valoración" de la propuesta, ante la cual se ha mostrado dispuesta a "proporcionar todos los datos" que sean necesarios.

Jiménez ha desmentido que el Pacto por la Sanidad esté paralizado, como ha asegurado el diputado de IU Gaspar Llamazares, quien ha achacado esta situación a la intención de algunas comunidades de imponer el copago para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

"Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero no dejan de ser opiniones", ha alegado la ministra, quien ha reiterado que en la segunda quincena de marzo se celebrará un consejo extraordinario en el que se aprobará este acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Jiménez ha confesado que el Pacto por la Sanidad está siendo objeto de un "debate intenso" pero ha sentenciado que no tiene previsto "ni retrasarlo ni introducir ningún elemento nuevo".

También ha negado que esté siendo objeto de "presiones", al explicar que hay un debate constructivo en el que ella tiene la obligación de "llegar a un acuerdo" sobre una competencia, como es la salud, que ha sido transferida a las Comunidades Autónomas.

La titular de Sanidad se ha referido a que en mayo se aprobará un Real Decreto para la inclusión de pictogramas en las cajetillas de tabaco que disuadan a los ciudadanos del hábito de fumar, tales como pulmones enfermos o dentaduras degradadas.

Ha apuntado que las industrias tabacaleras tienen un periodo de un año para ir incorporando las catorce "esquelas" seleccionadas para este fin.

En cuanto al periodo de alegaciones, ha dicho que se han atendido algunas de las peticiones de las empresas, entre ellas, el tamaño del pictograma, ya que las tabacaleras se quejaban de que el espacio que ocupaba era excesivo porque podía confundirse con la marca.

Las imágenes han sido preseleccionadas por Sanidad, en función de que tuvieran un mayor impacto en la población, y son similares a las utilizadas en otros países europeos donde se aplica esta medida.

Jiménez ha informado del viaje a Washington que emprenderá mañana para reunirse con la secretaria de Sanidad de Estados Unidos, Kathleen Sebelius, una visita que ha enmarcado en los contactos bilaterales que tiene con los responsables de salud de otros países.

Entre los asuntos a tratar, ha resaltado la incorporación de las nuevas tecnologías a la atención sanitaria o "E-Health", donde existe la "posibilidad" de firmar un convenio con EE.UU..

Otros temas de importancia que se discutirán serán la gripe A y el uso del excedente de vacunas, así como la adopción de algunas medidas "comunes" para el futuro.

Jiménez y Sebelius tratarán la obesidad infantil, concretamente, el "grado de efectividad y consecuencias para la salud" de los programas dirigidos a combatir este problema.

La ministra y ex secretaria de Estado para Iberoamérica, ha defendido la "buena relación bilateral" existente entre España y Venezuela, al ser preguntada por los indicios que apuntan a una supuesta colaboración entre el Gobierno de ese país y los terroristas de ETA y las FARC.

"Entre ambos países existe una buena relación bilateral, desde hace muchos años", ha argumentado, para defender que estas relaciones son "históricas" y están "basadas en intereses comunes, comerciales, sociales y de todo tipo".

No obstante, ha dicho que una vez que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pida explicaciones a Venezuela, "el Gobierno de España se pronunciará en consecuencia".