El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, salpicó ayer de incertidumbre el futuro de la ley de dependencia, que aspira a apuntalarse como un pilar del Estado de Bienestar, y, de paso, dio munición al PSOE para alimentar la tesis de que el PP recortará derechos sociales si gobierna. En una entrevista, Rajoy puso en duda la viabilidad de la ley de dependencia y afirmó que "lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda" en función de los recursos económicos disponibles.

Preguntado por estas declaraciones en una entrevista con la cadena Ser, Rajoy matizó que está "a favor" de la ley de dependencia y que sólo cuestionó su viabilidad financiera.

La declaración de Rajoy espoleó a los dirigentes del PSOE, que salieron en tromba a denunciar que el PP, al fin, se había autodesenmascarado y a asegurar que las ayudas a los dependientes corren peligro con un gobierno del PP.

Las dudas sobre la sostenibilidad de la ley de dependencia no son nuevas. De hecho Rajoy, en la entrevista radiofónica, alude a que expertos mantienen la teoría de que no es viable financieramente. En 2009, una comisión evaluadora de la ley se reunió en el Congreso y concluyó que había problemas en las financiación. Este comité abogó por una extensión de la financiación privada. Este informe fue avalado por la entonces ministra de Asuntos Sociales del gobierno socialista, Mercedes Cabrera.

Otras de las dudas del PP sobre la financiación de la ley procedieron el año pasado del presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo. El presidente gallego reclamó sin éxito que se aplazara la entrada en el sistema de los dependientes moderados más graves (Grado I Nivel II), unos 126.000, para no tener que afrontar nuevos compromisos presupuestarios.

A esta tesis pudo arrimarse Rajoy cuando dijo ayer que la ley tiene que estar dotada financieramente para que se incorporen "poco a poco" más personas.

No obstante, en 2012 no habrá nuevo reconocimiento de niveles de dependencia, ya que será en 2013 cuando puedan beneficiarse los moderados de menor nivel de dependencia, el último escalón.

Pese a que Rajoy es borroso en sus intenciones, ésta podría ser la filosofía con la que el PP acogiera la ley de dependencia: sobrevive, pero a menor ritmo.

Aunque otra de las posibilidades es el tijeretazo, precisamente la que interpretaron los socialistas. Para el PSOE, Rajoy abre la puerta a la dieta Cospedal. En Castilla La Mancha, los beneficiarios denuncian impagos desde mayo.

"Se ha confiado porque ya se ve en La Moncloa y manda un aviso para luego poder decir que ya lo dijo", afirmó a esta redacción la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.

Entre los recortes profetizados por Rajoy que interpretaron los diferentes dirigentes socialistas se encontraron los 300.000 empleos asociados a la dependencia (50.000 directos en Andalucía) que desaparecerían con Rajoy; los 750.000 españoles que reciben una subvención o una ayuda que se quedarían sin ella si gobierna Rajoy o la vuelta a un sistema de beneficencia y no de derechos a los que nos retrotraería Rajoy.

Con independencia de las apresuradas consignas políticas, lo cierto es que el debate sobre la revisión de la ley de dependencia está abierto. Y con motivo: las condiciones económicas actuales no son aquellas de 2006 en las que se alumbró la ley, cuando del fantasma de la crisis no se oía ni un arrastre de cadenas. Además, en su aplicación, los desajustes financieros han sido una constante y los ciudadanos han visto frustradas sus expectativas.

En la financiación, el Gobierno se ha quejado de la escasa implicación de algunas comunidades del PP para financiar el 50% de los fondos (ver gráfico) como están obligadas por ley. En el caso opuesto, Andalucía se ha quejado de que el propio Gobierno no cumple con su parte alícuota. Además, la Junta mantiene viva la reivindicación de que el Gobierno debe priorizar en el reparto de fondos para las comunidades a quienes priorizan los servicios a las pagas económicas, una reclamación que seguirá vigente tras el 20-N.

La ambiciosa ley de dependencia diseñada en 2006 ha chocado con la penuria económica de las comunidades, que tienen que hacer frente a los objetivos de estabilidad. Por ello parece necesaria una revisión del modelo, porque algunas comunidades no llegan o no quieren llegar y otras hacen un sobre esfuerzo. Como ejemplo de lo que se avecina, y de lo desfasado de las previsiones actuales, en 2015 el gasto de las administraciones tiene que llegar a un 1% del PIB, unos 12.000 millones. En 2010, la cuantía para dependencia de todas las administraciones representó un 0,64% del PIB, 6.767,1 millones de euros.

¿Cuál es la solución? El PSOE defiende la continuidad de la ley y asegura que hay que buscar nuevos ingresos (como el impuesto a las rentas más altas) para financiarla, aún cuando el esfuerzo parece de cotas mayores. El PP cuestiona el modelo actual y se posiciona hacia una revisión, sin precisar en qué consistirá. A partir del domingo se verá.