El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, se sumó ayer al coro que rechaza la restauración del Impuesto de Patrimonio. "Me parece muy mal que lo vuelvan a poner, lo he dicho alguna vez y lo repito", afirmó a preguntas de los periodistas tras la presentación oficial del proyecto del Centro de Arte Botín, una infraestructura cultural que la Fundación Botín, de la que es presidente, financia con 62 millones de euros.

Las declaraciones del presidente de la entidad cántabra coinciden con la decisión del Consejo de Ministros de recuperar este gravamen para los ejercicios de 2011 y 2012, con un mínimo exento de 700.000 euros. El Gobierno confía en que el Parlamento ratifique la iniciativa la próxima semana.

El portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró que no se podrá compensar a las comunidades autónomas que rehúsen reactivar el tributo.

Tras la decisión del Gobierno de congelarlo en 2008, las comunidades autónomas venían recibiendo una compensación anual conjunta de 2.097 millones de euros, que se incluyó en la ley que regula el sistema de financiación autonómica.

"El Gobierno les compensaba cuando decidió dejarlo en suspenso y no podrá compensarles si no lo reactivan. Si hay obstáculos habrá que superarlos", afirmó Blanco en rueda de prensa, aunque eludió precisar si el Gobierno seguirá transfiriendo esos 2.097 millones a las autonomías el próximo año.

Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda explicaron a Efe que en la ley del sistema de financiación autonómica se establecieron una serie de recursos para las comunidades que corresponde seguirles abonando en tanto no se cambie ese sistema.

No obstante, Blanco dijo que para el Gobierno "lo que no es lógico y desde luego no responde al principio de lealtad es que quien quiera boicotear el impuesto pretenda que se le siga compensando". En este sentido, citó sin dar más explicaciones dos posibilidades, la de reformar la ley o la de ajustar cuentas en la liquidación de 2013, en referencia a que será dentro de dos años cuando se liquiden los recursos autonómicos correspondientes al ejercicio 2011.

En cualquiera de los dos caos será el Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre el que tendrá que decidir al respecto.

En este sentido, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Impuesto del Patrimonio "es una improvisación política para tener entretenido al personal" porque el problema de la deuda "no se arregla" con su recaudación.

En declaraciones a RNE, y preguntada sobre si el PP eliminará el impuesto si gana las elecciones del 20 de noviembre, Sáenz de Santamaría recordó que el Gobierno ya ha fijado su fecha de desaparición al fijar su vigencia durante dos años.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, afirmó por su parte que el Impuesto de Patrimonio es "una apuesta puramente demagógica, electoralista", y se mostró contrario al mismo porque considera que grava bienes que previamente han pagado sus impuestos.

El candidato de IU a las elecciones generales, Cayo Lara, consideró que no es más que una "medida timorata" de carácter "profundamente electoralista". "No se van a resolver -agregó- los problemas del déficit ni los problemas de generación de empleo y riqueza en nuestro país con medidas tan timoratas".