El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, ha negado formar parte de una trama de comisiones ilegales que se investiga en Galicia y que ya ha provocado hoy la dimisión de un diputado autonómico del PP.

Los tres partidos con representación en esta comunidad -PP, PSOE y BNG- han negado estar implicados en esta trama de la que se ha hecho eco el diario El Mundo, según el cual Blanco cobró 400.000 euros de un empresario.

Se trata de José Dorribo, implicado en una trama de corrupción y que, según el citado diario, ha declarado ante el juez el pago de esa comisión a Blanco y de otros 200.000 euros al diputado autonómico del PP Pablo Cobián y 350.000 a Fernando Blanco, ahora diputado regional del BNG, cuando era conselleiro de Industria.

El diputado Pablo Cobián ha anunciado en un comunicado la dimisión de sus cargos en el Ayuntamiento coruñés de Oleiros y en el Parlamento de Galicia, "por respeto a los ciudadanos" que votaron por él y "para no perjudicar" al PPdeG, aunque ha insistido en su inocencia.

Horas antes de la dimisión de Cobián y al poco de conocer la publicación de la noticia, Blanco se apresuró esta madrugada a negar, en un comunicado, las acusaciones vertidas contra él, además de anunciar acciones civiles y penales para defender su honor.

Sin embargo, desde la dirección nacional del PP se ha lanzado una sugerencia a Blanco, la de que siga el ejemplo del diputado autonómico dimisionario.

Así, el secretario de Comunicación de los populares, Carlos Floriano, ha pedido al ministro que no vuelva a dar "lecciones de ética" hasta que no "limpie su casa de sospechas" de corrupción. Al igual que el ministro, también Fernando Blanco ha anunciado que recurrirá a la justicia para defenderse de esta "calumnia", y ha negado haber cobrado comisión alguna de las empresas de Dorribo.

El ex conselleiro del Gobierno bipartito también ha señalado que todas las ayudas que otorgó su departamento se atuvieron "a la más escrupulosa legalidad".

Todo parte de la Operación Campeón, una trama dedicada a captar subvenciones ilegales para empresas gallegas, cuyas diligencias ha asumido, en parte, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por afectar a dos aforados.

Esta operación se inició el pasado mes de mayo con la detención de hasta 15 personas, entre ellos dos altos cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE). A los implicados en esta trama, principalmente empresarios de Lugo, se les imputan diversos delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Según la noticia que publica El Mundo, uno de estos implicados, el empresario Jorge Dorribo, aseguró en agosto al juez haber pagado las citadas comisiones a los tres políticos.

Dorribo había estado encarcelado dos meses y medio en la prisión lucense de Bonxe, y salió en libertad provisional tras decidir colaborar con la justicia en la investigación. Desde Galicia, todos los partidos con representación en el Parlamento autonómico han defendido la inocencia de sus respectivos implicados, y también en esa comunidad el PP ha pedido a socialistas y nacionalistas que los acusados de sus partidos sigan el ejemplo de Cobián.