Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están ultimando los informes para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por los recortes del Gobierno central en los servicios sanitarios para los inmigrantes indocumentados. Fuentes de la Consejería dijeron ayer a Efe que será la persona responsable del departamento de Salud la que decida cuando tome posesión. María Jesús Montero es la consejera en funciones y se considera probable su continuidad en el Ejecutivo.

De esta manera, el Gobierno andaluz sería el segundo en plantear esta iniciativa, ya anunciada por el País Vasco, contra una parte del articulado del Real Decreto-Ley 16/2012, del 20 de abril. Los extranjeros tendrán que acreditar a partir del próximo 31 de agosto su condición de asegurado. Quienes no la puedan demostrar, sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria urgente y a la atención al embarazo, parto y posparto. Los menores tienen derecho a la asistencia sanitaria completa.

Se estima que en la comunidad autónoma viven unas 80.000 personas indocumentadas. Ese cálculo sale de la diferencia entre el padrón y los registros de residencia. Hasta ahora, con la base del empadronamiento como referencia, la asistencia sanitaria reglada a este colectivo ha contado con el apoyo de ONG y sindicatos para articular la prestación a través de la tarjeta sanitaria individual sin interferencias con las consecuencias administrativas para estas personas relacionadas con la aplicación de la Ley de Extranjería.

El Estatuto de Andalucía ofrece dos argumentos en los que podría apoyarse este recurso con especial fundamento ante el TC: son andaluces quienes viven en la comunidad y todos los usuarios de la sanidad autonómica tienen derecho a todas sus prestaciones.

El Gobierno central esgrime en el decreto-ley de referencia el abuso de los recursos sanitarios públicos y la alegría legislativa de las comunidades autónomas en este ámbito como elementos de riesgo para la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Todo ello es negado en rotundo desde la Consejería de Salud de Andalucía -apoyada por el PSOE- que cree que el fondo de la nueva normativa no es el abordaje de medidas urgentes ante el peligro de quiebra de la sanidad pública, sino un cambio de modelo que favorece la privatización del sistema.

Independientemente de la pertinencia técnica de la decisión del Ejecutivo central y de su fundamento idelológico, excluir a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria normalizada puede tener consecuencias más allá de las que afecten directamente a este colectivo. La primera, el riesgo de incremento de la presión sobre los servicios de Urgencias de la sanidad pública; la segunda, la posibilidad de un debilitamiento del efecto rebaño de la protección de los programas vacunales y de un control epidiemiológico más débil de las infecciones si una parte de la población queda fuera del paraguas asistencial; y la tercera, un encarecimiento del gasto público, porque los ingresos hospitalarios urgentes por agravamiento de problemas no tratados previamente de manera normalizada son más caros en términos de utilización de recursos.

Le compense o no al Gobierno central adoptar este tipo de decisiones, la Junta no es la única institución andaluza que ha puesto la proa al último Real Decreto-Ley del Ministerio de Sanidad: según informó Europa Press, Facua ha puesto en marcha una iniciativa para promover un recurso de inconstitucionalidad a la retirada de las prestaciones sanitarias a los inmigrantes sin legalizar. En un comunicado, esta organización de consumidores explicó que la decisión del Ministerio de Sanidad resulta una "inmoral perversión que puede condenar a la muerte por desatención a multitud de ciudadanos" y que "atenta contra un derecho humano básico reconocido por tratados internacionales, la Constitución Española y en diferentes estatutos de autonomía". La organización pidió a los diputados del Congreso y senadores en la oposición que presenten el recurso a través de la prerrogativa de las 50 firmas.