Con el voto en contra de cuatro de sus nueve miembros, el Consejo de Garantías Estatutarias ha validado por mayoría la constitucionalidad del dictamen de la ley catalana de consultas populares no refrendarias, decisión que para el Gobierno catalán ofrece "argumentos sólidos" para convocar la consulta soberanista. El dictamen, de 159 páginas y que este viernes ha sido entregado al Parlamento catalán, avala de forma íntegra la norma que, de aprobarse definitivamente, servirá como marco legal al Gobierno catalán para convocar la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre.

"El dictamen pone de manifiesto de manera contundente que la ley es plenamente constitucional y se adecúa totalmente al Estatuto. La consulta evidentemente se convocará, porque los sólidos argumentos jurídicos avalan que se pueda votar de manera legal", ha señalado el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, poco después de hacerse público el informe.

Tras analizar aspectos como el objeto de consulta, el registro de participación de votantes, el decreto de convocatoria, la definición y composición de las comisiones de seguimiento o la votación anticipada, el Consejo de Garantías -órgano consultivo de la Generalitat- entiende que la proposición de ley es constitucional. No se pronuncia, en cambio, tal y como solicitó el PPC, sobre la doble pregunta de la consulta del 9 de noviembre, que incluye la independencia como opción, al entender que su naturaleza es la de un acuerdo de índole política que, a efectos de su labor consultiva, "está falto de consecuencias jurídicas".

El órgano considera así que la articulación de procedimientos para obtener la opinión de la ciudadanía "no colisiona" ni es incompatible con el fundamento último de la soberanía reconocido en la Constitución, sino que, al contrario, "puede contribuir a reforzar destacados valores constitucionales, más allá del necesario cumplimiento de la ley". La proposición de ley tampoco vulnera la autonomía local municipal, según el Consejo, para el que el sistema constitucional español no prohíbe en ningún caso que la Generalitat pueda consultar a la ciudadanía sobre cuestiones que son de su interés "si lo hace amparada en una competencia propia".

En una rueda de prensa en la Generalitat, Homs ha celebrado que "tanto este dictamen como la propia sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración de soberanía del Parlamento catalán permiten concluir que hay sólidos argumentos a nivel jurídico para que, una vez se apruebe la ley, se pueda proceder a la convocatoria de la consulta con toda la fundamentación jurídica necesaria". Homs ha pedido al Gobierno que "no ponga trabas" al "ejercicio de la democracia que permite el propio ordenamiento jurídico español", y se ha preguntado: "¿Quién puede tener miedo a que la gente se exprese y se conozca cuál es la voluntad del pueblo catalán?".

Este dictamen ha sido aprobado por mayoría, pero con los votos particulares del vicepresidente Pere Jover y de los consejeros Eliseo Aja, Marc Carrillo y Carles Jaume Fernández, mientras que lo han apoyado íntegramente el presidente, Joan Egea, y los consejeros Jaume Vernet, Àlex Bas, Francesc de Paula Caminal y Joan Ridao. Sobre este aspecto, Homs ha recordado que "hay una mayoría que se posiciona de manera clara y nítida" y que dichos votos particulares "tienen matices y grados diversos", por lo que "sería erróneo pensar que hay cinco que piensan una cosa y cuatro que piensan otra".

Para el PPC, el proyecto de ley ha salido "más debilitado" tras su paso por el Consejo, según ha asegurado el portavoz adjunto del PPC en el Parlamento, Santi Rodríguez, para quien, del dictamen, se desprende que "no hay una idea clara sobre la constitucionalidad del proyecto de ley y hay muchas discrepancias". Por su parte, los socialistas han dejado claro que darán luz verde al proyecto "porque el Consejo lo ha avalado por mayoría", pero han pedido que no se utilice para "vulnerar el Estatuto o convocar un referéndum que no tiene cabida en esta ley", y han recordado que hay aspectos de la ley "que no están tan claros". La portavoz parlamentaria de Ciutadans (C's), Carina Mejías, que ha tachado de "estafa política" las palabras de Homs, ha avisado de que el dictamen "no avala" la consulta y que la ley es una "trampa hecha a la medida de los intereses partidistas del Gobierno catalán". Ha advertido de que su formación utilizará dicha ley para convocar una consulta "para saber si los padres quieren que sus hijos estudien en las dos lenguas oficiales de Cataluña".