El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido, de forma cautelar y por unanimidad, la consulta soberanista catalana al admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra la convocatoria del 9 de noviembre. La decisión ha sido adoptada en un pleno convocado de forma urgente, tras presentar por la mañana el abogado del Estado en el Registro del Constitucional los recursos del Ejecutivo contra ley de Consultas, aprobada el pasado día 19 por el Parlamento catalán, y contra el decreto de convocatoria, firmado el sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La interposición del recurso del Gobierno ha sido anunciada por el propio presidente, Mariano Rajoy, en una comparecencia ante los medios de comunicación después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales debe decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta. Por tanto, aunque la suspensión es cautelar, podría extenderse hasta que el Constitucional resuelva el recurso, es decir, la legalidad de la convocatoria.

El Constitucional ha detallado en un comunicado que la decisión del pleno de no demorar su resolución en este caso "obedece a que el tribunal es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana". Al adoptar esta decisión, ha subrayado, se ha limitado a comprobar "la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad de los recursos, sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos".

La suspensión de la ley de consultas catalanas y la convocatoria del 9-N se ha producido de forma automática porque ha sido el Gobierno el que ha presentado los recursos de inconstitucionalidad y lo ha solicitado así de forma expresa. Tras la admisión a trámite han quedado en suspenso "todas las resoluciones o actos dictados en aplicación de la norma y el decreto recurridos", según el Constitucional.

Se ha acordado dar traslado de las demandas al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Parlamento y Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que tienen un plazo de 15 días para personarse en el recurso presentado contra la ley, y otro de 20 días para personarse en el procedimiento relativo a la impugnación del decreto. Las partes dispondrán de idénticos plazos para, en cada caso, formular sus alegaciones. También se han designado a los magistrados que serán los ponentes de las sentencias que se dictarán en su día, y que serán Pedro González Trevijano para el recurso contra la Ley de Consultas y Juan Antonio Xiol para el presentado contra la convocatoria del 9-N.

El Pleno apenas ha durado algo más de una hora, si bien el  tribunal de garantías trabajaba desde primera hora de la tarde para, en primer lugar, tener a punto los preceptivos informes sobre la admisibilidad de los recursos del Gobierno y después para reunir a los doce magistrados que integran en órgano, de mayoría conservadora.

La providencia sobre la consulta explicita, en cuanto a los términos de la suspensión, que el decreto y sus anexos de convocatoria queda suspendido desde este lunes, fecha de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en el BOE para terceros, "así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella". Las resoluciones son comunicadas a los presidentes del Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat y se ordena además publicar la incoación del proceso en el BOE y el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para este martes manifestaciones ante los ayuntamientos catalanes, a las que ya se han sumado Convergència, ERC, ICV-EUiA y la CUP.