El Pleno del Congreso mantiene su confianza en la Ley de la Memoria Histórica, que se aprobó a finales de 2007, tras rechazar hoy, con los apoyos de socialistas y populares, la toma en consideración de las reformas propuestas por ERC, que supondrían en la práctica derogar el texto actual. A la espera de la votación final, la toma en consideración de la proposición de ley redactada por los republicanos catalanes sólo ha contado con el apoyo del PNV y de los minoritarios BNG y NaBai, integrados en el Grupo Mixto, mientras que CiU ha optado por abstenerse.

La defensa que ha hecho el diputado de ERC Joan Tardá de su iniciativa ha comenzado con duras críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por pretender "dar carpetazo" a las aspiraciones de la Memoria. En su opinión, la ley actual no es suficiente porque no reconoce los derechos de todos los represaliados, "obvia" la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad, no anula las sentencias dictadas por los tribunales de excepción y "ni siquiera" retira los símbolos y distinciones otorgados a destacados franquistas.

Tardá ha puesto especial énfasis en que durante la dictadura, entre 1939 y 1947, se fusiló a una media de diez personas diarias, "el mayor genocidio de las dictaduras del siglo XX en épocas de paz", ha dicho, y "ustedes (el Gobierno), coincidiendo con el extremista Rouco Varela nos piden que olvidemos por no abrir heridas". "No se puede pasar página sin antes haberla leído", ha subrayado el diputado de ERC, quien ha señalado que la revisión del pasado dictatorial en Alemania o Francia, con el régimen colaboracionista de Vichy, no ha generado "venganzas".

En una aplaudida respuesta en la bancada popular, el diputado Jorge Fernández Díaz le ha reprochado que ERC no estuviera en el consenso constitucional "y treinta años después siguen sin estarlo". Tampoco le ha parecido en absoluto razonable que se pretenda un recuerdo expreso de la II República como precursora de la monarquía actual y le ha parecido "tan absurdo" decir que es un modelo de respeto a los derechos humanos "cuando quemaban conventos y expulsaban a los jesuitas".

Esto le ha servido para enlazar con la controversia generada por la sentencia de un juez de Valladolid de obligar a retirar los símbolos religiosos de un colegio público y ha señalado que es "algo tan actual como ahora que ya están retirando crucifijos". El parlamentario del PP también ha repartido críticas contra el Gobierno por causar una polémica en torno a una iniciativa que cree innecesaria porque "no hacía falta una ley" para garantizar el derecho de las familias de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a conocer su paradero. Ese derecho "nunca lo hemos cuestionado" y hubiera bastado "con una norma reglamentaria", ha explicado.

En el turno de CiU, Jordi Xuclá ha cuestionado la necesidad de que la recuperación de la memoria haya tenido que hacerse a través de una ley, que se articula treinta años después de aprobarse la Constitución y 33 desde la muerte de Franco, según ha apuntado, Xuclá ha destacado "la lentitud" en el desarrollo reglamentario de la ley, que, por otro lado, creó "grandes expectativas pero también grandes fracasos".

Los socialistas, a través de su diputado Daniel Fernández, han defendido la ley tal como fue aprobada -con los votos en contra del PP y ERC- y ha hecho hincapié en que algunos de los aspectos previstos ya están reglamentados. En concreto, se ha referido al procedimiento para obtener el reconocimiento de las personas perseguidas por motivos ideológicos o religiosos, que los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española sin renunciar a la suya y al pago de indemnizaciones a los fallecidos por su actividad durante la transición en defensa de la democracia.