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La ONU pide a España que investigue los crímenes del franquismo

  • España se somete al examen de derechos humanos del organismo, en el que varios países y ONG preguntan por la situación de los inmigrantes y exigen que se aclaren los delitos de la dictadura.

España recibió críticas por el trato a los inmigrantes, y elogios por sus políticas sociales en materia de igualdad, al someterse al examen de derechos humanos de la ONU, una sesión en la que varios países le pidieron investigar los crímenes del franquismo. Durante más de tres horas, la sala XX del Palacio de Naciones, la de los derechos Humanos -donada por España y decorada por el artista Miquel Barceló- fue escenario del Examen Periódico Universal, un mecanismo establecido en 2008 y por el que deben pasar todos los países.

El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales, José Luis de Francisco, que encabezaba la delegación española, presentó el informe español y destacó que "para el Gobierno, la promoción de los derechos humanos constituye uno de los ejes principales de actuación, tanto en el plano internacional como interno". De Francisco desgranó la ratificación por España de numerosos tratados al respecto, además de hacer hincapié en la adopción de importantes leyes de carácter social en materia de igualdad, lucha contra la violencia de género, la ley de dependencia, la ley que permite el matrimonio de homosexuales o la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. También hizo hincapié en cómo, en su lucha contra el terrorismo, "que sigue activo en España", tanto de ETA como de Al Qaeda, "nunca" han "renunciado al Estado de derecho y a la legalidad internacional".

La delegación española tuvo que responder a numerosas cuestiones respecto al trato a los inmigrantes y a colectivos como los gitanos, y expuso que "el abanico de derechos y libertades de los extranjeros en España es casi como el de los españoles". Hizo hincapié en que los inmigrantes gozan del derecho a asistencia sanitaria, a educación y a reunión, expresión o sindicación independientemente de su situación administrativa.

Un asunto que planeó sobre la sesión, y que plantearon varios países latinoamericanos, es el de la investigación de los crímenes del franquismo, a la luz de las denuncias de varios organismos de la ONU, así como de ONG, por la imposibilidad de avanzar en España y las causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón.

Colombia señaló: "La verdad es un derecho fundamental para quienes han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y por ello recomendamos a España continuar avanzando en la implementación de la Ley de Memoria Histórica". Más concreto fue México, quien recomendó a España "de conformidad con sus obligaciones internacionales, investigar, sancionar y reparar los delitos de desaparición forzada de personas, sin importar el tiempo en que haya iniciado su comisión, en atención al carácter continuo del delito".

El representante de Cuba dijo haber tomado nota de "los esfuerzos del Gobierno (español) para impulsar la restauración de la memoria histórica", y añadió: "Esperamos que se puedan intensificar las insuficientes medidas adoptadas para que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas". "Queda como asignatura pendiente la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los responsables de crímenes de lesa humanidad y otros crímenes durante la dictadura franquista, que en virtud del derecho internacional son imprescriptibles", añadió el representante cubano.

Argentina pidió fortalecer los mecanismos tendentes a combatir la impunidad, mientras que Perú destacó la adopción de la Ley de la Memoria Histórica, que establece "el derecho a la reparación moral a las víctimas de las dictadura". Pero agregó: "Confiamos en que en ese mismo camino se registren mayores avances a favor de las víctimas y sus familiares y de la sociedad española en general".

Diversas ONG, como la Comisión Internacional de Juristas o Amnistía Internacional, han incorporado al Examen de España observaciones referidas a la investigación de los crímenes del franquismo y a las causas abiertas contra el juez Garzón por presunta prevaricación por haber tratado de investigarlos. Las ONG no tenían derecho a intervenir en la sesión, aunque sus observaciones se tendrán en cuenta a la hora de emitir las recomendaciones a España el próximo viernes.

Reed Brody, portavoz de Human Rights Watch, destacó el hecho de que fueran los países latinoamericanos quienes sacaran a relucir los crímenes del franquismo. "Es un signo muy fuerte que lo hayan hecho, aun con lenguaje diplomático, ellos que han hecho tanto por afrontar un pasado doloroso, y no entienden por qué España no lo puede hacer", dijo. Y expresó su estupor por "el silencio hipócrita de los europeos" ante el acoso a Garzón, pues dijo: "Si en un país del tercer mundo se persiguiera a un juez por haber querido investigar crímenes de lesa humanidad, no puedo imaginar que los europeos callaran".

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