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Salud sin fronteras

josé Martínez Olmos

Lecciones con la hepatitis C

HACE alrededor de un año y, tras no pocas movilizaciones y reivindicaciones de pacientes, profesionales y grupos políticos en las Cortes generales, el gobierno puso en marcha un plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C.

Se daba respuesta así, con retraso, a una demanda generalizada de poder tener acceso a las nuevas terapias que han revolucionado el abordaje clínico de una enfermedad muy grave como es la hepatitis C. Tras estos meses iniciales, muchos pacientes afectados por esta infección han recibido las nuevas terapias en base a los protocolos clínicos y (al parecer) se están cumpliendo una parte de los objetivos planteados.

Pero a pesar de que algunos logros se han alcanzado, quedan dudas sobre la aplicación del plan y hay sombras sobre algunos aspectos del mismo.

Conviene saber si los protocolos se aplican siempre priorizando en función de la situación clínica de los pacientes y si se aplican igual en todo el territorio nacional y sin restricciones injustificables. De igual forma, conviene saber si las estrategias de detección precoz y de carácter preventivo se están desplegando y de qué forma. En este apartado, hay que hacer posible que el trabajo preventivo y de detección precoz sea realmente eficaz porque ésta es una enfermedad que se puede beneficiar mucho de que esos aspectos funcionen de manera correcta. Siempre reivindiqué que este plan debía ser fruto del trabajo conjunto entre los clínicos hepatólogos y los expertos en atención primaria y en salud pública; así lo trasladé al ministro Alonso en el Congreso de los Diputados. Finalmente, el ministerio sólo incorporó a la elaboración del plan a los hepatólogos y aunque son profesionales imprescindibles, no son los únicos con los que debió contar. Esta es una de las rectificaciones necesarias. De igual forma, la participación de los pacientes es un elemento de mejora que no debemos desechar para el futuro inmediato.

En relación a las sombras, es evidente que tienen que despejarse algunas cuestiones que han formado parte del debate social y público. Por ejemplo, es imprescindible saber cuál es el precio real que estamos pagando como país por estas nuevas terapias. El Gobierno ha trasladado en algunas ocasiones que las comunidades autónomas van a tener que destinar unos 800 millones de euros pero no hay transparencia respecto al precio acordado con las compañías farmacéuticas implicadas.

Un país que se plantea un plan de esta naturaleza que pretende permitir el acceso universal a las nuevas terapias a todos los pacientes afectados, puede y debe tener precios acordes a este objetivo. Entre otras razones, porque el planteamiento de España abre la puerta a que otros países sigan un camino parecido y de ahí pueden derivarse costes unitarios más baratos al ampliarse la base del número de pacientes susceptibles de consumir esas terapias. Para no perjudicar otras prioridades de la sanidad pública, el gobierno debe aportar los fondos necesarios a las comunidades autónomas.

Finalmente, aunque no lo pongo en duda, conviene asegurar y comprobar que todos aquellos que participaron en la elaboración del plan dejaron claro y por escrito que no están afectados por ningún conflicto de interés. Abordar todas estas cuestiones puede contribuir a una eficaz actuación frente a la enfermedad, beneficiar a todos los pacientes asegurando la equidad y poner a España a la cabeza del mundo en este asunto.

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