En 2013, el apoyo del Estado a los proyectos culturales sufrirá un tijeretazo dramático. En los Presupuestos Generales, el recorte a las industrias culturales alcanzará el 47%; hay proyectos como el Teatro de la Maestranza de Sevilla que verán segado hasta en un 50% el apoyo ministerial -pasará de dos millones en este año a 1.058.000 euros el próximo- y otros, como el Festival Internacional de Danza de Itálica, que perderán de golpe toda subvención estatal. En ese escenario, resulta llamativo que los ciudadanos vayan a pagar, a través de las partidas destinadas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hasta cinco millones de euros para la "compensación equitativa por copia privada", que según el Gobierno "se hará efectiva a los beneficiarios legales de la misma, a través de las entidades de derechos de propiedad intelectual, mediante el procedimiento de pago que reglamentariamente se establezca".

Esta nueva cifra se sumará a otros cinco millones de euros para el mismo concepto que ya aprobaron las Cortes Generales el pasado mes de junio en su enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que inicialmente no contemplaban este gasto. Fue la partida enmendada más alta en el Ministerio de Educación y Cultura, sólo igualada por la que incluyó el Estado para su necesario programa de cobertura de libros de texto. Hasta ahora, el canon digital afectaba sólo a quien usase y adquiriese equipos de grabación y soportes informáticos , como un CD.

El abogado sevillano Joaquín Moeckel, que logró una decisiva victoria legal contra el cobro indiscriminado del canon digital, al lograr un fallo a su favor en un juicio en el que pedía el importe del canon incluido en el precio de unos CD que adquirió para grabar documentos relacionados con su actividad profesional, confirmó ayer a este medio que se está ultimando, sin transparencia ni diálogo, el reglamento que regulará el nuevo sistema de compensación vía Presupuestos Generales del Estado "por el supuesto daño que ocasiona al autor la copia". "El Gobierno -continuó- pretende claramente compensar con este nuevo pago vía impuestos a las entidades de gestión de los derechos de autor por la supresión del canon digital", que entró en vigor en 2008 y fue liquidado por Rajoy en su segundo Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011.

Lo más flagrante, añadió el abogado sevillano, es que "al hacer que el canon pase a las partidas presupuestarias de 2013 se obligará a todos los ciudadanos a pagarlo y será un cobro más indiscriminado aún que en el modelo anterior". Ese carácter indiscriminado era, precisamente, el que fue declarado "abusivo" por el Tribunal de Justicia de la UE en sus sentencias.

Así las cosas, el año que viene sociedades como la SGAE recibirán el dinero del canon por copia directamente y a través de los impuestos sin tener que batallar por él, como ha ocurrido hasta ahora, ni exponerse a que los ciudadanos lo recurran y lo ganen en los tribunales, como está sucediendo.

En 2010 el Tribunal Europeo ya declaró que no se podía cobrar indiscriminadamente a profesionales y empresarios pero sí a los particulares, de ahí que el Gobierno haya decidido que sea el Estado, a través de los impuestos de todos, el que asuma esa cuantía con cargo a las muy maltrechas partidas de la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro.

Una decisión que ha impulsado la redacción de un reglamento que no parece que vaya a convencer a ninguna de las partes, ni siquiera a entidades como la SGAE, que reclaman una parte todavía mayor de la tarta presupuestaria. El 8 de octubre pasado, cuando el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, defendió en el Congreso que "la compensación equitativa que fue concebida básicamente para la copia analógica, hoy en día no tiene sentido, porque ya no se consume a través de fotocopias o DVD y sí a través de plataformas", las críticas llegaron de varios frentes, incluida la oposición, pues Izquierda Unida consideró que los cinco millones para la compensación por copia privada eran insuficientes para resarcir a las industrias culturales, a las que en 2013 se les privará de 48 millones de euros.