Numerosos profesionales del cine, entre los que se encontraban los actores Pilar Bardem, Jordi Dauder y Adriana Ozores o los productores Enrique Cerezo y Elías Querejeta, arropaban ayer a la nueva ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, mientras la directora y guionista tomaba posesión de su cargo. La ilusión por el cambio de destino de la hasta ahora presidenta de la Academia de Cine pone de manifiesto el interés que el sector tiene en resolver algunas cuestiones pendientes que no se materializaron con César Antonio Molina al cargo del departamento: la lucha contra la piratería -una batalla en la que González-Sinde se ha implicado desde la Academia- y la aplicación de una Ley del Cine que, a pesar de haberse aprobado en diciembre de 2007, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado.

En el primer apartado, quizás por la cantidad de protestas generadas en la red ante el nuevo nombramiento, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguraba que los internautas "tienen un papel" en la cultura. "Somos muy sensibles a las reivindicaciones del sector de la cultura y todos sus agentes, y también a las de los internautas; la tarea es armonizar los intereses vinculados a la red, a la propiedad intelectual y a lo que se refiere a la creación audiovisual", declaró.

Junto a este controvertido debate sobre las descargas de internet y una Ley del Cine, también polémica, que tuvo un difícil proceso de redacción y ante la que exhibidores y televisiones han mostrado su desagrado, González-Sinde hereda una cartera que ha estado ligada a notables desencuentros. La decisión de aplicar el Código de Buenas Prácticas, una batería de medidas para seleccionar mediante concurso público y renovar a los altos cargos de las instituciones, provocó primero la dimisión de la directora del Museo Nacional Reina Sofía, Ana Martínez de Aguilar, y ha ocasionado una larga disputa entre el director de la Compañía Nacional de Danza, el coreógrafo Nacho Duato, y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (Inaem) con Juan Carlos Marset a la cabeza.

Otro de los ámbitos en los que trabaja actualmente el Inaem es la elaboración de una Ley de las Artes Escénicas y la Música, cuyo proyecto se presentó en Sevilla en noviembre. Entre los objetivos del texto, se habló entonces, está promover un contexto de cooperación interterritorial y ofrecer un catálogo completo de servicios culturales para el ciudadano.

La lista de borradores que preparaba el departamento de Molina incluía una Ley de Protección del Patrimonio Histórico, impulsada tras el caso Odyssey y con la que el ministro quería "impedir la impunidad" de quienes se apropian de bienes arqueológicos subacuáticos y proteger otros aspectos del patrimonio.

Un tema de alto voltaje, sobre todo en las comunidades que, como la andaluza, acogen museos de titularidad estatal y gestión autonómica, es la financiación de dichos centros. Con la crisis económica como telón de fondo, González-Sinde deberá atender a asuntos tan empantanados como la ampliación de los museos de Bellas Artes de Sevilla y Cádiz o la reforma integral del Arqueológico hispalense, un conjunto único en su género pero en un estado precario y que César Antonio Molina prometió remozar a partir de 2010.

Para una ministra que ha prometido contención presupuestaria, será difícil combinar la creación de los nuevos museos nacionales previstos por su antecesor (como el de la Moda o el de Etnografía de Teruel), con la reforma y modernización de los ya existentes; sobre todo de los que, como sucede con los andaluces citados, hace meses que presentaron en Madrid sus proyectos museográficos de ampliación.

Sacar adelante la Ley de Archivos, ahora en borrador, es otro reto tan urgente como atender al sector del libro. González-Sinde, autora de una novela infantil, Rosanda y el arte del birlibirloque, deberá tener la suficiente sensibilidad y energía como para sacar adelante la Ley del Libro sin que su falta de experiencia como gestora, tan vasta en el caso de su antecesor, le pase factura.