PSOE, PP y CiU han alcanzado un acuerdo para rescatar la ley Sinde en el Senado a través de una enmienda conjunta que refuerza las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos ilegales sujetos a derechos de autor. La propuesta fue acordada cuatro horas antes de que concluyera el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado a la Ley de Economía Sostenible, confirmaron  fuentes socialistas y populares.

Según el PP, el texto de la enmienda es "totalmente" diferente a lo que contenía la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, conocida como ley Sinde, rechazada en el Congreso de los Diputados el pasado 21 de diciembre. "Se trata de un cambio profundo" en la regulación de la anterior norma antidescargas, añadieron las mismas fuentes. La enmienda, ratifica la creación de una Comisión de la Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, para ejercer funciones de mediación y arbitraje y examinar las denuncias sobre páginas web de descargas de contenidos sujetos a derechos de autor.

Se añade que todo requerimiento de cierre de una web a dicha comisión "exigirá la previa autorización judicial", que deberá ser aceptada o rechazada por el Juzgado en un plazo de 24 horas y previa audiencia del Ministerio Fiscal. Una vez obtenida la autorización, las páginas web "estarán obligadas a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación". La Comisión de Propiedad Intelectual podrá bloquear la web o retirar los contenidos, pero antes de ejecutar esta medida, tendrá que solicitar a la web que "en un plazo no superior a las 48 horas pueda proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores" o realizar las alegaciones que considere oportunas. Transcurrido el plazo anterior, el órgano competente estará obligado en un plazo de entre dos y máximo de cinco días de presentar a los interesados sus conclusiones, y en tres días más dictar su resolución.

En cualquier caso, la ejecución de cierre de la web exigirá de la previa autorización judicial, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas procedentes. La falta de resolución en los plazos determinados "tendrá efectos desestimatorios de la solicitud", añade el texto. La enmienda pactada también solicita al Gobierno que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del texto, apruebe un Real Decreto que modifique la regulación del canon digital para adaptarse a la jurisdicción de la Unión Europea. El pasado octubre, el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal aplicar en España la tasa de forma indiscriminada a empresas y profesionales que adquieren aparatos o soportes de reproducción digital para fines ajenos a la copia privada.

Durante todo el día el Gobierno y el PP negociaron con discreción el acuerdo que, en opinión de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era posible siempre que el PSOE introdujera garantías judiciales en la aplicación de las normas contra la piratería en internet. El Senado acordó ampliar el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Economía Sostenible -que contenía en una disposición final medidas para combatir la piratería en internet.