AHORA que la época del zapaterismo empieza a quedar definitivamente atrás, es difícil no destacar la presencia de una misteriosa contradicción en sus dos legislaturas de gobierno. Se trata de su tan chocante como inexplicado giro de la socialdemocracia al neoliberalismo. Del tránsito desde su constante énfasis político inicial en preservar los derechos sociales característicos del Estado de bienestar, y sus continuas y pomposas negativas a rebajarlos, en nombre de los valores políticos de la izquierda, para acabar en mayo de 2010 no sólo cediendo y recortando significativamente esos derechos (pensiones, jubilación, despido, rebajas salariales), sino convirtiéndose de hecho en el más convencido adalid de esas políticas neoliberales, en nombre, por supuesto, del bien de España. De su inicial resolución a afrontar los riesgos de gobernar conservando intacta su fe socialista -"no os defraudaré"; "el poder no me cambiará"-, a su entrega incondicional con armas y bagajes a la causa del neoliberalismo económico.

Una de las cuestiones que esa trayectoria política plantea es la de si Zapatero y sus asesores económicos tuvieron o no en cuenta lo sucedido en Francia a Mitterand en 1981-83. Me refiero a la experiencia del llamado keynesianismo en un solo país. Parece que en sus dos famosas lecciones de Economía Política, Sevilla Segura no tuvo tiempo de trasladarle al recién electo presidente del Gobierno la "experiencia Mitterand".

En 1981, la coalición formada por los partidos socialista y comunista ganó las elecciones legislativas francesas y comenzó a gobernar conforme al avanzado contenido del Programme Comun de 1972, que había sido definido como de "ruptura con el capitalismo". Sus dirigentes mantenían que al Estado le corresponde desempeñar un papel activo en el crecimiento económico y la redistribución social y que, en ese sentido, las nacionalizaciones de empresas reforzarían la capacidad de incidencia de un Estado "racional". Por ello, el programa electoral de 1981 pretendía reformar la legislación civil, descentralizar la administración, nacionalizar un importante número de industrias y bancos, ampliar la seguridad social, redistribuir el trabajo, introducir nuevos derechos para los trabajadores y fomentar el crecimiento económico mediante políticas de demanda y la reorganización del sector público. Entre 1981 y 1983 el PS siguió, pues, una estrategia de keynesianismo en un solo país con una fuerte redistribución económica. Este dirigismo expansionista y redistributivo tuvo un considerable impacto social; sus resultados económicos fueron, no obstante, muy negativos. Las importaciones se multiplicaron, la balanza comercial se deterioró, el déficit presupuestario se incrementó. La apertura de la economía francesa al comercio internacional y su integración en la Comunidad Europea impusieron límites considerables a esta estrategia socialista. Éste fue el punto de inflexión de 1983: el veto impuesto a esas políticas "socialistas" por los mercados financieros internacionales acabó por derrotarlas.

Lo que nos remite a una cuestión política trascendental. ¿Conservan los estados nacionales algún margen de maniobra en política económica en el actual estadio de desarrollo de la globalización neoliberal o deben plegarse en todo caso al diktat de los mercados financieros internacionales? La doctrina está dividida. Frente a la corriente mayoritaria de partidarios de una interpretación determinista de la globalización (Giddens, Gray, Hobsbawn, etc.), que sostiene que los estados han perdido por completo el control de sus propias economías, otros hacen una lectura más flexible de la globalización y sostienen que las políticas socialdemócratas no sólo siguen siendo posibles, sino que son de hecho las más adecuadas para afrontar los retos de la globalización (Turner, Castells, Navarro, Torres, etc.), como lo demuestran los ejemplos de Suecia, Finlandia, la Francia de Jospin, etc.

Ahora que ese giro político se ha consumado -resulta patético que un Rubalcaba, recien salido del Gobierno, pretenda retomar en su precampaña electoral esa misma bandera socialdemócrata que han pisoteado sus compañeros, desde Solbes a Salgado y, por último, Zapatero-, cabe preguntarse qué viabilidad real tienen los programas electorales socialdemócratas, si, como acabamos de ver, los mercados financieros internacionales pueden acabar imponiéndoles su veto. Y si es así, 1) ¿de qué sirve la democracia?; y 2) ¿qué sentido tiene seguir defendiendo la existencia de esa ideología política? Porque el intento de Tony Blair, inspirándose en los planteamientos teóricos de Anthony Giddens, de modernizar la ideología socialdemócrata, mediante la llamada Tercera Vía, se saldó con un estrepitoso fracaso político y electoral.

No contentos con todo ello, los poderes fácticos europeos pretenden ahora imponer a los países miembros de la UE, vía Banco Central Europeo, nada menos que la constitucionalización de un estricto límite al gasto público, que de hecho imposibilitaría la continuidad de las políticas sociales tradicionales.

Malos tiempos para la ética democrática.