EL ministro de Industria aprovechó la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para explicar la subida del 7% en la factura de la luz. La presentación fue un verdadero ladrillo hasta para la prensa especializada, puede que por la aridez del tema o por las escasas dotes de comunicación del ministro, aunque también se puede sospechar una maniobra de distracción para que la subida se diluyera entre el fragor de los Presupuestos y el galimatías de la explicación. A fin de cuentas, el partido que ahora gobierna se lanzó al cuello del Gobierno anterior cuando hace ahora justo un año decidió autorizar un aumento del 9,8%. Demasiadas subidas, dadas las circunstancias, que según las organizaciones de consumidores y también Eurostat, explica que tengamos la factura eléctrica más elevada de Europa, después de Chipre y Malta. Se deshizo el ministro en explicaciones, aunque no llegó a entrar en porqué la factura ha crecido un 60% en España desde 2007, frente al 8,7% en el resto de Europa, o que el precio que tiene que pagar un hogar español por un kilowatio sea un 25% más caro que el de un hogar medio de la UE, un 57% más caro que un hogar portugués, o un 60 % más que uno francés.

Podría haber dicho que en España se ha hecho una apuesta muy seria y costosa por las energías renovables, que en la actualidad proporcionan un 13,3% del consumo final bruto de energía, y que deberá permitirnos cosechar resultados a largo plazo, pero lo cierto es que en Francia, dónde el peso de la nuclear es muy alto, han conseguido elevar la participación de las renovables hasta el 12,3% y en Portugal hasta el 24,5%. La consecuencia, en cualquier caso, es que la factura de la luz en España se ha convertido en una carga social insoportable para muchos hogares, en un lastre para la competitividad de la economía y es posible que también en un grave problema político de futuro.

Se dice que en el origen de todo está en el déficit de tarifa acumulado, que se estima en unos 24.000 millones de euros y que refleja la diferencia entre lo que cuesta mantener el sistema y el suministro y lo que se recauda a través del recibo. El primer motivo para la suspicacia radica en el propio sistema regulatorio y los incentivos perversos que se deriva n de la posibilidad de negociar un precio que permita cubrir los costes de producción, puesto que las empresas podrían obtener beneficios sin necesidad de ser eficientes. Por otro lado, una parte importante de la tarifa al consumidor se fija en el mercado mayorista, que es un mercado controlado por las mismas empresas que oligopolizan la distribución minorista. También se sospecha, y así lo ha reconocido alguna vez la propia Comisión Nacional de la Energía o de la Competencia, que la información que las empresas facilitan al regulador podría ser incompleta y no reflejar adecuadamente los costes de generación. Puestos a ser suspicaces, habría que recordar también la polémica OPA de 23,1 eyris por acción lanzada por Gas Natural sobre Endesa en 2005, que terminó cerrándose con los 41 euros que finalmente pagaron Enel y Acciona. Un precio desorbitado e incomprensible, dado el nivel de la tarifa por aquella época.