UNA de las instituciones que mejor reflejan la fortaleza de una sociedad civil es la universidad. Lo es porque en ella se dan cita los jóvenes que se preparan para asumir el liderazgo y los profesores que han podido acreditar su preparación para formar a las élites. De ahí el prestigio reverencial del que han gozado hasta hace poco en una ciudad como la nuestra los catedráticos que destacaban por su prestigio científico y académico. En Sevilla tenemos una larga lista, pero por citar unos pocos ejemplos, que nadie podrá discutir y que felizmente están entre nosotros, podemos nombrar a Manuel Clavero Arévalo, Manuel Losada Villasante, Manuel Olivencia Ruiz, Juan Antonio Carrillo Salcedo o Miguel Rodríguez Piñero, cuyos nombres nadie pronuncia aquí sin el don por delante. Ellos representaron esa universidad dinámica, capaz de acrecentar el prestigio de una ciudad y de situarla como referencia internacional en determinados campos del saber.

Pero, desgraciadamente, esa universidad hace tiempo que no existe. La de Sevilla no vive sus mejores años. No es culpa en exclusiva del estamento universitario, que también. Es reflejo de la ciudad que hemos fabricado. Las grandes ciudades tienen universidades que suenan en el mundo y las que no lo son, las tienes mediocres. Sevilla no ha tenido suerte tampoco en esto. El empeño autonómico en poner una universidad en la puerta de cada alumno y la bajada general del nivel de la educación en España han pasado factura a la Hispalense. También la creación de la Pablo de Olavide y la absurda competencia entre ambas. Hoy tenemos una universidad que cuenta poco en la ciudad y nada fuera.

Esa universidad, como el resto de las españolas, ha decidido plantar cara, con toda legitimidad y con toda justicia, a las medidas puestas en marcha por el ministro José Ignacio Wert, dentro de un plan de ajuste que es imprescindible. Algunos de los recortes son asumibles, pero otros, especialmente la política de tasas, son incomprensibles si la universidad se entiende como un servicio dirigido a toda la sociedad y no sólo a los que se la puedan pagar. En el rechazo a esta medida los alumnos han ido de la mano con un grupo numeroso de profesores. Ambos tienen mucho que perder con el nuevo modelo que se diseña desde Madrid.

Lo que ya no es comprensible, ni tan siquiera de recibo, es que esa protesta se sustancie con la paralización por decreto de toda la actividad académica durante dos semanas. Que se prive de sus derechos, en base a una reglamentación impropia de una sociedad moderna, a los alumnos que quieren dar clase y a los profesores que quieren impartirlas es un sinsentido. El rector, Antonio Ramírez de Arellano, parece que se ha caído del caballo y se ha dado cuenta de hasta qué punto esta situación puede írsele de las manos. La Universidad de Sevilla se juega algo más que su prestigio en este charco en el que se ha metido. Se juega su propia función social.