COMO todos los territorios, nacionales o autonómicos, forzados a pedir el rescate para no caer en la bancarrota, Cataluña ha demandado el suyo con dos connotaciones llamativas: no lo llama rescate, sino crédito, y niega que ese rescate conlleve una intervención de su economía por el Estado. Ninguna de las dos cosas es cierta.

Como antes la Comunidad Valenciana y Murcia, lo que la Generalitat catalana ha solicitado es que España acuda a rescatarla ante la perspectiva de no poder afrontar una deuda que supera los 42.000 millones de euros -la mayor del país en términos globales-, de los que 5.755 vencen en los próximos meses. Eso es tan fácil de entender como que si no se remedia la situación en unos días tendrán que cerrar varios hospitales concertados ante la imposibilidad de pagar las nóminas. En cuanto a las condiciones fiscales y financieras que impondrá al rescate, sólo hay que leer el decreto ley que regula el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA, unas siglas con las que vamos a familiarizarnos). La Vanguardia de ayer tuvo el detalle de resumirlas en toda su crudeza.

La única peculiaridad de Cataluña con respecto a otras autonomías rescatadas o rescatables es que, de manera inmediata y seguramente no casual, el Gobierno de la Generalitat ha explicado la receta con cuya aplicación se podría haber evitado el rescate: el pacto fiscal, debatido ayer mismo en el Parlament. Si hubiéramos logrado ya un pacto fiscal, ha dicho Artur Mas, no solamente no habríamos necesitado la ayuda del Tesoro español, sino que tendríamos un déficit cero y no sería necesario seguir con los ajustes (dicho sea de paso: Cataluña se ha tomado la política de recortes mucho más en serio que las demás comunidades, ha sido rigurosa).

Con lo cual, el nacionalismo rico -aunque ahora en dificultades- que gobierna Cataluña desde que existe como autonomía (incluyendo los ejecutivos presididos por socialistas) vuelve a desvelar su propósito más soñado: salirse del régimen de financiación general de las comunidades autónomas de España y conseguir una relación bilateral con el Estado que le acerque al sistema privilegiado que mantienen vascos y navarros, con una hacienda propia que recauda todos los impuestos generados en Cataluña y abona a la Hacienda española lo que cuestan los servicios prestados por la Administración central en aquella tierra más una aportación tasada a la solidaridad interterritorial. Algo parecido podrían reivindicar todos los individuos ricos del país: autonomía para pagar por los servicios recibidos, y un poquito más en favor de los pobres.

Sería raro, y escandaloso, que el Estado que va a socorrer a Cataluña antes de que se declare en ruina aceptara un planteamiento así.