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EL Gobierno andaluz, cuya asfixia financiera le ha llevado a solicitar el rescate, no ha tenido más remedio que recortar uno de sus programas más ambiciosos en materia educativa: el reparto de ordenadores gratuitos a los alumnos matriculados entre quinto curso de Primaria y segundo de Secundaria. El sistema de cofinanciación de este programa de introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, que ha beneficiado a cuatrocientos mil estudiantes desde 2009, ha quedado en entredicho al fallar en esta ocasión la ayuda procedente del Estado. Por ese motivo y por sus propias limitaciones presupuestarias, la Junta invertirá en el curso que empieza cinco millones de euros en el plan, en vez de los 22 del curso anterior. El recorte implica que los portátiles no serán suministrados a los alumnos de manera individual, sino que se facilitarán a los centros de enseñanza -en número que supondrá un tercio de la partida habitual- para que sean éstos los que los administren y gestionen su utilización. Aunque sea obligada por la necesidad, creemos que es más correcta esta fórmula de dotar de tecnologías del conocimiento a los colegios, en la medida de las disponibilidades de fondos, que la practicada hasta ahora de regalar los ordenadores a los alumnos sin distinguir la situación económica y social de sus familiares y sin tener en cuenta las consecuencias negativas que con frecuencia acarrea la política populista del "gratis total". Por otra parte, ni siquiera al racionalizar la medida ha sido capaz la Consejería de Educación de librarse de sus prejuicios ideológicos: de la distribución de portátiles quedarán excluidos los centros de la enseñanza concertada, cuyo alumnado no podrá beneficiarse de la iniciativa salvo que sus gestores se hagan cargo del coste de los ordenadores en función de sus prioridades y necesidades. Esta discriminación es injustificable y sectaria. Todos los estudiantes deben ser tratados igual, ya que la libertad de los padres no puede implicar tratamientos desiguales ni agravios comparativos.

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