EL fracaso de la reunión del Eurogrupo de esta semana pone de manifiesto las divergencias entre las autoridades económicas comunitarias y el Fondo Monetario Internacional.

Hace ahora dos años, se produjo una condonación de parte de la deuda griega, que fue financiada por el propio FMI y la UE. Entonces, la deuda reestructurada era privada, de manera que los prestamistas tuvieron que aceptar una quita para que parte de la misma fuera pagada. Se incurría en el riesgo, en otro caso, de no recibir ningún pago.

La situación ahora es diferente. Son los organismos internacionales, las instituciones comunitarias y también directamente los países europeos, los poseedores de la mayor parte de la deuda.

Las instituciones comunitarias y el FMI son los agentes que están negociando qué hacer para poder desembolsar ayuda al gobierno griego hasta el año 2014 o incluso, a más largo plazo, hasta el 2016. El problema reside en que Bruselas no está dispuesta a aceptar una quita de la deuda, frente a la opinión del FMI.

Aceptar una quita significaría que las instituciones comunitarias tendrían que afrontar una pérdida de capital sobre la deuda pública emitida por el Estado griego. La resistencia de Bruselas deriva del precedente que esta actuación podría sentar para otros países en dificultades. Adicionalmente, las dificultades derivan de los propios países de la UE, porque todos han comprado deuda griega en el pasado para evitar el derrumbe del Estado. De hecho, la asunción de pérdidas por los propios países es uno de los elementos que mayor discusión provocó en la reunión del Eurogrupo, porque a las grandes dificultades a las que ya se enfrentan -especialmente Italia, España…- se añadiría la asunción de las pérdidas, empeorando sus posiciones de déficit y deuda públicas. Guindos está peleando para que esto no suceda.

Pero la verdad es que la propuesta del FMI es el tipo de respuesta que internacionalmente se ha dado a crisis de las características que padece Grecia. Son recetas contrastadas y con una sólida base teórica. La situación de las finanzas públicas y la débil competitividad de su economía, hacen de todo punto imposible que pueda cumplir sus compromisos de pago, ahora y en el futuro.

Los problemas debatidos, la respuesta del Eurogrupo y otros problemas políticos añadidos son una muestra más de la completamente inapropiada gobernanza en la UE para afrontar este tipo de crisis con posibilidades de éxito. A los propios problemas y discusiones internas, hay que añadir la aprobación política necesaria de varios parlamentos nacionales, con lo que las probabilidades de veto de algunos países son elevadas y la demora en la toma de decisiones, desesperantemente larga.

Las instituciones comunitarias no pueden esperar más tiempo, sin que se produzca una reforma en la gobernanza que adapte rápidamente su funcionamiento a los problemas que, hoy, tiene Europa. Las peores propuestas de reformas son las más ambiciosas políticamente. Necesitamos propuestas más modestas, pero que faciliten la resolución de los problemas y su puesta en práctica sea rápida.