VIVIMOS tiempos en los que profesiones añejas se ven bruscamente cuestionadas. En un anteproyecto de ley, el ministro De Guindos quiere difuminar algunas competencias de la abogacía, la arquitectura o la farmacia. Considerando esta última, ¿tiene sentido formar graduados especializados en el medicamento si a químicos o biólogos se le asignan las mismas competencias?

Nuestro país, con honrosas excepciones, no es líder en este campo. Y no es probable que las futuras promociones ingresen fácilmente en los cuadros de I+D+i de las multinacionales farmacéuticas. En segundo lugar, ya se conoce la profunda crisis del delegado de la Industria Farmacéutica, antiguo filón de empleo para el sector. Ahora invertimos una pasta en formar a profesionales cualificados para que la señora Merkel capte nuestros talentos a precio de saldo. De algún modo y por complejas razones, se trata de un lo que el viento se llevó.

Y entramos en el modelo planificado o mediterráneo de farmacia -¿No es un dislate tener 17 regulaciones autonómicas inarmónicas?-. Querríamos detenernos a discutir sus pros y contras. En España hay unas 21.000 farmacias. De ellas, unas 7.000 se sitúan en entornos rurales, y muchas se asoman al abismo de la ruina o han caído en la quiebra. Al otro lado se sitúan los boticones, algo más de un millar. El boom del medicamento a partir de los ochenta hizo de ellos unas bicocas, sin que se aportara un valor añadido que estuviera en correspondencia con los pingües beneficios. También es cierto que los sucesivos giros de tuerca en precios y márgenes han pinchado esa burbuja. Lamentablemente, la leyenda negra de unos pocos tiende a marcar a un colectivo en el que la mayoría se entrega con profesionalidad sanitaria.

Sabemos además que las nuevas aperturas se enrocan por ser procesos complejos y judicializados; posiblemente, por la lentitud administrativa y de magistrados. Afortunadamente, los nuevos concursos públicos incorporaron el mérito y/o la capacidad. De este modo, 312 nuevas farmacias fueron convocadas hace ya casi tres años en Andalucía. Desgraciadamente, el abuso del Derecho e incluso el fraude de ley de algunos illuminati -aquellos que representan a la parte oscura de la profesión, v.gr. los que se lucran con las exportaciones fraudulentas de medicamentos- están obstaculizando estas aperturas y con ello la mejora de la prestación a la población y el empleo en el sector. En buena parte porque detrás subyacen intereses inconfesables.

Pero tampoco los detractores del modelo están libres de la sospecha. Salvando a tantos chavales ilusionados con abrir oficina algún día, ¿quién está realmente interesado en desregular el sector? Pensemos: con la normativa actual, los mecanismos del gran capital están bastante atados en la cuestión del medicamento. Que en estos tiempos de todo vale se venga a poner en solfa el rígido sistema español suena inevitablemente a interés espurio. No podemos evitar la impresión de que cadenas internacionales, o más probable, grandes superficies y algunos neoliberales quieren meter mano en el sector y tienen la otra bien engrasada en el Ministerio. Sólo un sistema planificado tendrá las farmacias rurales necesarias y sólo un acceso de selección y mérito a los mejores profesionales.

Dos palabras más sobre profesión y calidad del medicamento: el laboratorio de genéricos no puede ser cualquiera que diga que yo fabrico tal cosa; que esto es lo mismo que lo otro de más allá. ¿Que usted es qué? ¿Que lo fabrica dónde? ¿Y con qué garantías? Y después de autorizado y comercializado, ¿quién lo va a inspeccionar? ¿Cada cuánto tiempo? La cuestión adquiere bemoles cuando, por ejemplo, en una comunidad como Andalucía, una compañía adquiere la exclusiva, digamos, de los omeprazoles durante un tiempo haciendo una oferta a un precio tan conveniente que la Junta no puede rechazar. Y no nos parece mal, a priori, para contener el gasto. Siempre que una agencia externa a la misma administración realice ciertos controles de calidad, claro.

Si decimos que con la salud no se juega y que debe prevalecer el interés del ciudadano, les parecerá de Perogrullo, ¿verdad? Lo que sigue, más que propuestas, son cuestiones que consideramos abiertas, previas a cualquier intento (des)regulador o reformador: ¿Qué modelo adoptar para asegurarnos de que haya un punto de distribución de medicamentos bien abastecido y razonablemente próximo al ciudadano? ¿Cómo supervisar adecuadamente la calidad de los productos de las compañías comercializadoras, aquéllas que no hacen inversión alguna en innovación? ¿Cómo impedir que ninguna compañía llegue a una situación de predominio o cuasi monopolio? ¿De qué controles nos vamos a dotar para que la acción pública a estos niveles sea tan intocable que disuada todo intento de corrupción? Un poquito de por favor, señorías; legislen para mejorar la Sanidad, no para hacer de ella un nuevo Eurovegas.