UNA de las consecuencias indeseables del aumento de las tasas a algunos servicios públicos financiados con impuestos es que se termina pagando dos veces por lo mismo. Si además suben los impuestos que gravan lo cotidiano, es decir, el IVA y los especiales, se entiende el aserto de que los ajustes fiscales siempre los pagan las clases medias. Incluso la "subida temporal" del IRPF y el IBI debe ser entendida en esta clave, puesto que este Gobierno es especialmente consciente de que los impuestos generan ineficiencia. También sabe que si se emplean inteligentemente pueden contribuir a una sociedad más justa y eficiente a largo plazo, aunque en este caso no se trata de recaudar más para invertir en educación, infraestructuras o servicios sociales, sino de decidir el reparto de la carga del ajuste en las cuentas públicas, y aquí es donde el ciudadano medio empieza a tener una cierta sensación de acoso.

No puede ignorar que la amnistía fiscal, al margen de sus efectos recaudatorios, ha supuesto un beneficio considerable para un grupo de personas con la que seguramente nadie se identifica y que la anunciada reforma de las administraciones públicas se ha reflejado en el deterioro y encarecimiento de los servicios públicos fundamentales, pero que la maquinaria política e institucional, incluso las más inútil e ineficiente, sigue siendo bastante impermeable a los recortes.

Tampoco creo que la amenaza de colapso sistémico para justificar el elevado coste del rescate bancario satisfaga a los afectados por las hipotecas ni a los pequeños empresarios, incapaces de sobrevivir a la parálisis del crédito. Lo que seguramente aprecie el ciudadano medio es que, hasta el momento, la reforma laboral no ha conseguido frenar el proceso de destrucción de empleo, aunque sí que ha facilitado la reducción del salario real. Los aficionados a la estadística habrán podido también comprobar un proceso de reasignación de rentas a favor del capital y en perjuicio del trabajo.

El episodio más reciente de hostigamiento a la clase media en España, que no deja de ser un concepto impreciso, lo acaba de poner de manifiesto la OCDE en su informe sobre la fiscalidad de los salarios. Se conoce con el nombre de cuña fiscal e incluye los gravámenes sobre las nóminas que soportan el trabajador (IRPF y seguridad social) y la empresa (cotizaciones sociales), así como las prestaciones sociales que perciben los hogares y se presenta en forma de porcentaje sobre el total de los costes laborales. En España se sitúa en el 41,4% y es el país de la OCDE donde más intensamente ha crecido en 2012 (1,42%), seguido de Polonia (1,19%) y Eslovaquia (0,8%). La fiscalidad sobre los salarios es una parte central de la política de empleo que afecta a la estructura del mercado de trabajo, pero que se mueve en dirección contraria a las facilidades a la contratación pretendidas por la reforma laboral.

España es, junto a México, Irlanda e Islandia, uno de los cuatro países donde la cuña fiscal ha crecido más intensamente desde el año 2008, aunque con una particularidad: el nivel es considerablemente más elevado en España que en los otros tres países.