EL ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció hace casi un año que la custodia compartida de los hijos en caso de separación o divorcio dejará de ser la excepción. Ya está tardando en convertir el anuncio en legislación. Las comunidades autónomas de Aragón y Valencia se le han adelantado en sus territorios.

Ahí va el dato: de las 58.000 atribuciones de guarda y custodia de menores decididas por los jueces en 2011, casi 48.000 lo fueron a la madre, 3.000 al padre y 7.000 a ambos. De modo que la custodia compartida es algo excepcional. Pero la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de sentenciar que debe considerarse "normal e incluso deseable", fijando así el criterio a seguir por los jueces que se enfrentan a estos delicados litigios.

Es difícil de entender por qué los jueces han venido interpretando muy mayoritariamente que el interés superior del menor de una pareja separada o divorciada -única guía para la decisión, según manda el Código Civil- se defiende mejor asignándole la custodia a la madre que a la madre y el padre, y mucho mejor que al padre solo. Tal vez sea por una exacerbación del feminismo o por una sobrevaloración del instinto de maternidad. Ambos sentimientos desafían la lógica y la justicia.

Desafían, sobre todo, el valor máximo a preservar en un divorcio, que no es otro que el bienestar y la felicidad de los hijos, completamente inocentes e inermes ante los efectos -tantas veces devastadores- de la ruptura de sus progenitores. La ruptura misma ya es fuente segura de infelicidad, razón de más para no agravarla obstaculizando la relación y la convivencia de los menores con los dos padres. No existe mejor solución, o solución menos mala, que la potestad conjunta.

Salvaguardada la igualdad de derechos y deberes de padres y madres mediante la custodia compartida como opción preferente, sí que correspondería a los jueces valorar en cada caso la aptitud de ellos y ellas -y su relación previa con las criaturas- y, a partir de cierta edad, el deseo de los propios hijos. Para eso están los informes del fiscal, los equipos psicosociales adscritos a los juzgados, las pruebas presentadas y los testimonios y alegaciones de implicados y afectados.

Ya está tardando Gallardón en imponer el sentido común: aunque los padres se divorcien, y aun se odien, siguen siendo los padres. Los dos. Por el bien de sus hijos.