LA Junta de Andalucía se propone extender el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, saludable y barato. Por iniciativa de la Consejería de Fomento, el Gobierno autonómico aprobó el pasado martes el primer Plan Andaluz de la Bicicleta, que pretende duplicar desde ahora hasta 2020 el carril bici actualmente en funcionamiento en las ocho capitales, más Jerez y Algeciras, aumentando también las rutas ciclistas en el medio rural, de modo que en el año citado haya más de 5.000 kilómetros de la geografía andaluza disponibles para ser recorridos en bicicleta. La consejera de Fomento, Elena Cortés, dirigente de Izquierda Unida, prevé una inversión de 70 millones de euros en cada ejercicio anual, de los que buena parte se hará cargo la propia Junta, siempre contando con la aportación de fondos de la Unión Europea y la colaboración financiera de los ayuntamientos afectados, cuya disposición al respecto no se conoce con precisión. Son cantidades respetables a invertir en una coyuntura de fuerte contracción del gasto público que, de hecho, ha frenado la construcción de otros medios de transporte, igualmente sostenibles y medioambientales, como el metro y el tranvía, que se encuentran prácticamente paralizados en diversas ciudades andaluzas. Se trata también de una apuesta claramente ideológica de la coalición de izquierdas integrada en el Gobierno bipartito que preside Susana Díaz, partidaria de la intensificación del uso de la bicicleta como alternativa al automóvil particular. Dada la cuantía de la inversión prevista, cabe preguntarse si estamos ante una cuestión prioritaria capaz de imponerse a otros programas imprescindibles para mejorar la situación económica de Andalucía. En la justificación planteada por la consejera Cortés al anunciar el Plan Andaluz de la Bicicleta se ha llegado al disparate de pretender que éste va a convertirse en una palanca para cambiar el modelo productivo de la comunidad autónoma y se han exagerado las ventajas de tal iniciativa, por ejemplo en el cálculo de los puestos de trabajo que generará de manera directa, los empleos vinculados a la fabricación y reparación de bicicletas y el ahorro sanitario derivado, presuntamente, de un uso intensivo de este tipo de vehículos sin motor. La Consejería de Fomento da por hecho que esta modesta reforma en los hábitos de transporte de los andaluces no tiene más que beneficios y que supondrá una auténtica transformación de Andalucía, transformación que sólo puede venir de un cambio radical de la política económica practicada hasta ahora, no de iniciativas tal vez bien intencionadas, pero caras, marcadas por la ideología y plagadas de ocurrencias.

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