EN 2009, el entonces consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, celebraba la firma del Acuerdo Andaluz por el Agua como el primer paso que llevaría a la consecución de la que iba a ser la ley estrella de Medio Ambiente de la década. De esa forma, ya en 2010 parecía que quedaban establecidas las directrices que debía seguir la política hidráulica de la Junta de Andalucía en los siguientes años y que tendrían que servir de base a la futura Ley de Aguas Andaluza.

Contando con el consenso de todos los agentes sociales y, naturalmente, del propio sector del agua representado por ASA-Andalucía, la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía, las expectativas y compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía y por su consejero parecían claros y concretos: existía la imperiosa necesidad de terminar el Plan de Depuración antes de 2015 y, de esa forma, cumplir con la fecha marcada por la Unión Europea a través de La Directiva Marco del Agua que requiere a los Estados miembros que para ese año todas sus aguas tengan, al menos, un buen estado ecológico.

Se trataba de unos compromisos tan concretos que, tres meses después, uno de los más importantes se plasmaba en la declaración por la que el Consejo de Gobierno recogía hasta 300 infraestructuras de depuración declaradas de interés de la comunidad autónoma. Es decir, se plasmaba el compromiso de licitar las obras declaradas de interés y lanzar uno de los programas más ambiciosos de licitación pública de todo el Estado.

Pues bien, transcurridos estos cuatro años, el sector del agua en Andalucía contempla con estupor cómo esa prometedora ley se ha quedado en papel mojado. Y, es más, sólo se ha desarrollado y puesto en marcha uno de sus apartados: el recaudatorio, es decir, el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad autónoma, que estaba destinado a financiar dichas obras.

Desde ASA-Andalucía nos preguntamos qué ha sucedido en estos años. Pero la respuesta ya la conocemos: la errática política del agua de la Junta de Andalucía ha desembocado en una falta total de criterio y de planificación, e incluso en una falta de voluntad para impulsar el desarrollo de la Ley y las obras correspondientes.

La situación actual se refleja en el desánimo de los funcionarios que participaron en la redacción de la Ley, hoy arrinconados por personal de dudoso conocimiento y experiencia técnica en el sector, también se refleja en los técnicos de las empresas que colaboraron de buena fe en su redacción, totalmente defraudados y, lo que es peor y más grave, se refleja en cuatro años perdidos en materia de depuración de aguas. Ahora nos encontramos con las optimistas palabras y las buenas intenciones de la nueva consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Pero por sus actuaciones la conoceremos.

Y es que el tiempo es ya limitado, y el desarrollo de la ley en todos sus apartados es prácticamente imposible, sin las obras licitadas, sin convenios, sin negociación con los bancos, en definitiva, sin tiempo. ¿Cuál será el nuevo objetivo para cumplir con la Directiva Europea? 2015, imposible; 2020; 2025; 2030... Nadie lo sabe y, si lo sabe, calla.

Quién pagará las sanciones, quién asumirá las responsabilidades de haber perdido el tiempo, de no saber cuánto se debía haber ingresado, de no saber exactamente dónde está el dinero que ha pagado el ciudadano en su recibo del agua, de quién se lo ha gastado… ¿Se querrán derivar estas consecuencias a los ayuntamientos, es decir, a los mismos ciudadanos que ya pagan el canon?

En definitiva, el sector representado por ASA-Andalucía tiene muchas preguntas a la espera de respuesta… ¿dónde está la transparencia?