INDULTO llama a indulto. Las peticiones de indulto de personas condenadas por sentencia firme de los tribunales se han multiplicado en los últimos tiempos. A este fenómeno han contribuido los dos últimos gobiernos, muy receptivos a las demandas de banqueros y políticos sentenciados, con gran escándalo ciudadano. La tendencia se ha visto reforzada por solicitudes de indulto de personajes de elevado eco mediático, como el ex torero José Ortega Cano y el ex presidente de un equipo de fútbol, José María del Nido.

Hay un efecto llamada, en suma. Antes se producían indultos digamos de libro, cuya justicia caía por sí misma: su prototipo era el drogadicto condenado por un delito leve que recibía la condena varios años después de haberlo cometido, cuando ya había logrado salir de la droga y tenía trabajo y familia, sin haber reincidido. Ahora cualquier reo se cree con derecho a ser indultado, incluso a serlo antes de haber pisado la cárcel. Los hay que intentan que se suspenda su ingreso en prisión mientras se tramita el indulto. O sea, congelar la pena que decidió un juez por si el poder ejecutivo accede a librarle de la trena.

Ése es uno de los problemas que envuelven a la actual fiebre indultadora: la discrecionalidad del Gobierno, que puede hacer de su capa un sayo en esta materia. El indulto es desde sus orígenes una medida de gracia de carácter excepcional, que concede el Rey a propuesta del ministro de Justicia tras la deliberación del Consejo de Ministros. En definitiva, es el Consejo de Ministros el que lo otorga o lo rechaza. Aunque la Fiscalía sólo informa favorablemente un porcentaje ínfimo de peticiones de indulto, su informe no es vinculante. El Gobierno puede hacer caso omiso de las indicaciones del ministerio público. De hecho, es lo que suele pasar. Se indulta mucho, como digo. Y el Gobierno no tiene por qué dar explicaciones de su decisión al respecto. Indulta, y listo. Por cuestiones de oportunidad, por conveniencia política o por empatía hacia un condenado concreto. Aquí es donde el paso de la discrecionalidad a la arbitrariedad se vuelve fácilmente transitable.

No tiene ninguna gracia que la gracia del indulto beneficie a delincuentes que han cometido delitos graves, con daños para la vida o la salud de otras personas o serios perjuicios para la sociedad en general, sólo porque sean personajes populares. Así se disuelve la carga punitiva y reparadora que toda sentencia penal lleva consigo.